La lucha contra la piratería y el contrabando en México requiere de estrategias más sofisticadas y coordinadas. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) ha solicitado fortalecer la inteligencia y la colaboración con las autoridades para frenar estos delitos que afectan a la economía formal y a la seguridad del país.
La necesidad de una estrategia preventiva
Ante la creciente sofisticación de los métodos utilizados por los delincuentes, la presidenta de Canacintra, María de Lourdes Medina Ortega, destacó que es imprescindible pasar de una estrategia reactiva a una basada en la prevención, la inteligencia y la coordinación. Propuso crear mecanismos permanentes para que el sector privado y las autoridades intercambien información sobre rutas de riesgo, modalidades de robo y patrones de contrabando.
Impacto económico y social del delito
Según datos de la ENVE 2024, en 2023, aproximadamente 1.3 millones de unidades económicas mexicanas fueron víctimas de delitos relacionados con la inseguridad, lo que generó un costo total de 124,300 millones de pesos. La presencia de mercancía falsificada y contrabando en el mercado perjudica a las empresas formales, que enfrentan desventajas frente a quienes evaden impuestos y regulaciones.
El papel de las aduanas y la cooperación internacional
El director general de Planeación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Jorge Tonatiuh Martínez Aviña, afirmó que las aduanas no solo cumplen funciones de recaudación, sino que también son la primera línea de defensa de la seguridad nacional. Destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre Canacintra, el IMPI y las autoridades aduaneras para detectar productos falsificados y contrabando.
Financiamiento del crimen organizado
Martínez Aviña advirtió que el comercio ilícito, incluyendo la piratería y el contrabando, financia redes criminales trasnacionales que amenazan la paz social y el Estado de derecho. Además, resaltó que proteger las cadenas de suministro es clave para mantener la confianza en México como socio en el T-MEC y para evitar la pérdida de empleos.
Por su parte, Francisco Rivas Rodríguez, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), subrayó que estos delitos afectan los derechos de propiedad y contribuyen a la inseguridad en el país.