Un juez federal en Estados Unidos ha dictaminado la suspensión de las políticas que permitían imponer multas de hasta 1.8 millones de dólares a migrantes que no abandonaran el país tras recibir órdenes de deportación. La decisión afecta a miles de demandantes y cuestiona la legalidad de dichas sanciones.
Contexto y antecedentes de las multas
Desde el año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha impuesto multas a migrantes que no salieron tras una orden de deportación, alcanzando un total de más de 103,000 sanciones por aproximadamente 84,000 millones de dólares. Estas multas, que pueden llegar a 998 dólares diarios, se aplicaron de forma retroactiva por períodos de hasta cinco años, con una sanción máxima de 1.8 millones de dólares.
Decisión judicial y argumentos
El juez George O’Toole, en Boston, argumentó que las multas fueron impuestas de manera ilegal, ya que los formularios utilizados carecían de alegaciones específicas que justificaran las sanciones. Además, señaló que el Gobierno incumplió procedimientos de elaboración de normas al implementar un sistema acelerado sin ofrecer oportunidad de comentarios públicos.
Implicaciones y próximos pasos
La suspensión de estas políticas representa un revés para las medidas de sanciones civiles impulsadas durante la administración de Donald Trump. La decisión también pone en duda la legalidad de las multas y podría abrir la puerta a futuras impugnaciones. El DHS no ha emitido comentarios inmediatos sobre la resolución.
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