Expertos de Naciones Unidas en derechos humanos pidieron a México fortalecer la protección de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas, ante los niveles de violencia que enfrentan por su labor y que, en algunos casos, han derivado en asesinatos, desapariciones y otras agresiones.
Los especialistas señalaron que la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación de estos casos son responsabilidades que corresponden al Estado, por lo que estas tareas no deben recaer exclusivamente en las familias, aunque debe garantizarse su participación.
ONU alerta por violencia contra mujeres buscadoras
Los expertos recordaron casos recientes registrados en Sinaloa para ilustrar los riesgos que enfrentan las mujeres que participan en labores de búsqueda.
Entre ellos mencionaron la desaparición de la defensora Elisa Altagracia Bonilla, la agresión contra la fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, Alma Rosa Rojo Medina, y el asesinato de Rubí Patricia Gómez Tagle, integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa.
En el caso de Gómez Tagle, documentos de los procedimientos especiales de Naciones Unidas señalan que era defensora de derechos humanos y buscadora, y que acompañaba a familias en la localización de personas desaparecidas. El organismo también documentó que integrantes de su colectivo habían enfrentado amenazas y ataques relacionados con su labor.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó posteriormente a Naciones Unidas que abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio agravado tras la localización sin vida de Gómez Tagle, ocurrida el 27 de febrero de 2026.
Buscadoras enfrentan amenazas y agresiones
Los mecanismos de derechos humanos de la ONU han señalado que las personas buscadoras, particularmente las mujeres, enfrentan estigmatización, vigilancia, intimidación, difamación y agresiones físicas como consecuencia de su trabajo.
En una comunicación relacionada con México, expertos de Naciones Unidas señalaron que estas agresiones se producen dentro de un contexto de violencia estructural y documentaron que, de acuerdo con estadísticas de organizaciones de la sociedad civil citadas en ese documento, 19 personas buscadoras habían sido asesinadas en México desde 2020 y otras 20 habían sobrevivido a intentos de asesinato.
Los especialistas también han advertido sobre la necesidad de garantizar investigaciones efectivas y procesos de búsqueda adecuados para las personas desaparecidas.
La búsqueda de desaparecidos corresponde al Estado
Los expertos de la ONU subrayaron que la responsabilidad de localizar a las personas desaparecidas y esclarecer los hechos corresponde a las autoridades.
Por ello, señalaron que las familias no deberían cargar por sí mismas con las tareas de búsqueda, aunque su participación debe ser garantizada durante los procesos.
Esta preocupación también aparece en documentos recientes del sistema de Naciones Unidas, que han señalado deficiencias estructurales en los procesos de identificación de restos y en la notificación a familiares de personas desaparecidas.
#Mexico: Women searching for disappeared persons face deadly violence and are often subjected to enforced disappearance themselves, warn UN experts. “A tragic example of the State’s failure to fulfil its obligations to protect human rights defenders.”https://t.co/HoSJvmUN9v pic.twitter.com/HxtXzmsKFv
— UN Special Procedures (@UN_SPExperts) September 30, 2026
ONU reconoce labor de las mujeres buscadoras
Los expertos instaron además a México a reconocer públicamente la importancia de la labor de las mujeres buscadoras y destacaron el reconocimiento internacional a su trabajo.
La declaración también celebró la aprobación por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas de una resolución que establece el 19 de diciembre como Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas.
De acuerdo con los expertos, esta decisión reconoce la fortaleza, las voces, la capacidad de acción y el liderazgo de las mujeres que participan en la búsqueda de personas desaparecidas.
La declaración fue suscrita por integrantes de distintos mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, incluidos los relacionados con defensores de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y discriminación contra mujeres y niñas.
El llamado ocurre mientras organismos internacionales continúan dando seguimiento a la situación de las personas buscadoras y a las condiciones de seguridad en las que realizan su labor en México.