La inversión extranjera en México está en proceso de cambio con una propuesta que busca fortalecer la seguridad económica y garantizar la certeza jurídica para los inversionistas. La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca que la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) tenga un papel más activo en la evaluación de riesgos.
Contexto y objetivos de la reforma
El 30 de agosto de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó al Senado una iniciativa para modificar la Ley de Inversión Extranjera. La propuesta pretende que la CNIE evalúe los riesgos asociados a adquisiciones que puedan afectar la seguridad nacional, considerando quién controla infraestructura, tecnología, datos y cadenas de suministro en México.
Este cambio responde a un contexto económico y geopolítico, donde Estados Unidos ha sido el principal origen de inversión extranjera directa (IED), pero también han aumentado proyectos de otros países en sectores estratégicos como energía y minería. Según datos de la Reserva Federal de Dallas, la participación de China en nuevos anuncios de inversión en México pasó de menos de 1% en 2005-2009 a 9% en 2023.
Aspectos clave de la propuesta
Participación y revisión de la CNIE
Actualmente, la ley permite negar inversiones que representen riesgos para la seguridad nacional y requiere una resolución favorable de la CNIE para participaciones superiores al 49%. La reforma propone ampliar la integración de la CNIE, incluyendo a secretarías de Defensa, Marina, Seguridad, Protección Ciudadana, y a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, además de participar con voz a la Fiscalía, la UIF y el Centro Nacional de Inteligencia.
La revisión obligatoria se activará cuando un inversionista pretenda adquirir más del 49% del capital de una sociedad mexicana, y el valor de los activos supere un monto que determinará la CNIE. La iniciativa busca identificar riesgos en sectores como infraestructura estratégica, tecnologías críticas y control de información sensible.
Desafíos y consideraciones
Expertos han señalado que un umbral del 49% puede ser alto para detectar ciertos riesgos, ya que participaciones menores también pueden permitir acceso a activos estratégicos. La definición del valor de activos y sectores a revisar dependerá de decisiones futuras de la CNIE, lo que genera incertidumbre sobre el alcance de la reforma.
Además, la coordinación entre diferentes instituciones y el uso de información ya existente, como datos del SAT y UIF, serán fundamentales para evitar duplicidades y mejorar la eficiencia en la revisión de inversiones.
El plazo para la revisión también es relevante, con propuestas que varían entre 45 y 60 días, y la posibilidad de suspender o ampliar estos periodos según la complejidad de cada caso. La reforma contempla sanciones y la posibilidad de exigir la desinversión en caso de incumplimiento.
En definitiva, la iniciativa busca equilibrar la apertura económica con la protección de activos estratégicos, en un contexto donde la participación de países como China en la inversión mexicana ha aumentado significativamente.