La organización Iustitia Europa ha solicitado al Tribunal Supremo que mantenga la suspensión cautelar de la votación y las inscripciones en el censo electoral para los nacionalizados bajo la denominada ‘ley de nietos’. Esta decisión busca garantizar la integridad del proceso electoral y la objetividad en la formación del censo.
Contexto y antecedentes de la medida
El pasado 9 de septiembre de 2024, el presidente de Iustitia Europea, Luis María Pardo, salió de los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, tras declarar en calidad de acusación popular contra Begoña Gómez. La organización presentó un recurso ante el Tribunal Supremo para frenar la inscripción de nuevos votantes en el censo electoral, salvo en casos de exilio acreditado de familiares.
Razones de la organización para mantener la suspensión
En su escrito, Iustitia Europa argumenta que la suspensión limitada de las nuevas actuaciones censales, que conserva los expedientes y permite la subsanación individual, ocasiona una afectación menor y temporal. Además, considera que esta medida ayuda a mantener el equilibrio entre los derechos de los electores y la regularidad del proceso electoral.
Importancia de criterios objetivos en el censo electoral
La organización sostiene que la formación del censo debe seguir criterios objetivos, verificables y motivados. La protección del derecho al sufragio requiere que la inscripción electoral sea transparente y que cada incorporación pueda ser acreditada posteriormente, garantizando la legalidad del proceso.
Respuesta del Gobierno y argumentos legales
El Gobierno recurrió la decisión del Tribunal Supremo, alegando que no puede alterar el resultado electoral por “pura matemática” y que existen dificultades en el análisis de todos los expedientes en plazo. La Abogacía del Estado afirmó que el crecimiento del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) no representa un riesgo significativo y que la suspensión no afecta la legitimidad del proceso electoral.
Este conflicto judicial refleja la tensión entre la protección del derecho al voto y la necesidad de garantizar la transparencia en el censo electoral, en un contexto donde la ley busca limitar inscripciones sin exilio acreditado.