La investigación del Ministerio Público en República Dominicana revela un presunto esquema de corrupción que habría desviado más de 40 millones de pesos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). La Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva para 25 imputados vinculados a esta causa.
Detalles de la investigación y acusaciones
El Ministerio Público identificó una sustracción superior a 40 millones de pesos dominicanos, aproximadamente $672,000. Los fondos habrían sido obtenidos mediante maniobras irregulares relacionadas con empleados de SeNaSa, prestadores de servicios y otros actores del sector salud.
Operación Cobra 2.0-A y acciones judiciales
La solicitud de medida de coerción fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) también pidió que el expediente sea declarado de tramitación compleja, debido a la cantidad de hechos, personas afectadas y posibles implicados.
Imputados y cargos
Entre los imputados se encuentran médicos, exempleados y personas vinculadas al sector salud. La lista incluye a Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, y Lucreisy Polanco Núñez, además de otros profesionales y exfuncionarios.
El expediente también señala cargos por soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y lavado de activos. La investigación se suma a fases anteriores de la Operación Cobra, en las que ya fue arrestado Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa.
Operativos y acciones en varias localidades
Se realizaron 37 allanamientos en el Distrito Nacional, Santiago, Cotuí, La Vega y la provincia Santo Domingo. Participaron más de 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y personal de la Dirección Nacional de Investigación.
Contexto y antecedentes
El caso forma parte de varias líneas abiertas dentro de la Operación Cobra, que busca esclarecer el desvío de fondos públicos en el sector salud. La investigación continúa y se espera que el tribunal programe la audiencia para las medidas de coerción.