La tensión política entre México y Estados Unidos sumó un nuevo episodio luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmara el bloqueo de cuentas bancarias de 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa.
La decisión fue anunciada este lunes por la UIF, organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que aseguró que la medida tiene un carácter “estrictamente preventivo” para proteger la estabilidad del sistema financiero nacional.
México bloquea cuentas de funcionarios de Sinaloa señalados por EE.UU.
El bloqueo de cuentas ocurre semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara acusaciones contra diversos funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por supuestos nexos con organizaciones criminales.
Entre los señalados destacan:
- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa
- Enrique Inzunza, senador de la República
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad
- Mandos de corporaciones policiacas estatales
Todos los involucrados han rechazado públicamente las acusaciones realizadas por las autoridades estadounidenses.
La UIF aclaró que las medidas financieras no representan una sentencia ni acreditan responsabilidad penal.
“Estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna”, explicó el organismo en su comunicado oficial.
Rubén Rocha pidió licencia mientras continúan las investigaciones
Tras darse a conocer las acusaciones provenientes de Estados Unidos, el gobernador Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal para separarse del cargo y facilitar las investigaciones.
La noticia generó un fuerte impacto político debido a que Rocha pertenece a Morena, el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum, en un momento donde la relación bilateral atraviesa tensiones por temas de seguridad, narcotráfico y cooperación internacional.
En medio del escándalo, el senador Enrique Inzunza reiteró su inocencia y aseguró que colaborará con cualquier requerimiento legal que realicen las autoridades mexicanas.
Detención de Gerardo Mérida aumenta la presión internacional
Uno de los casos que más ha llamado la atención es el de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, quien fue detenido por autoridades estadounidenses luego de ingresar a territorio norteamericano a través de Arizona el pasado 11 de mayo.
Actualmente permanece bajo proceso judicial en Nueva York y tiene programada una nueva audiencia para el próximo 1 de junio.
Su detención incrementó la presión mediática y política sobre el gobierno mexicano, ya que Estados Unidos sostiene que algunos funcionarios mexicanos habrían colaborado directamente con estructuras del crimen organizado.
Claudia Sheinbaum exige pruebas a Estados Unidos
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México no protegerá a ninguna persona que haya cometido delitos, pero exigió que Estados Unidos presente pruebas contundentes contra los acusados.
La mandataria afirmó que no existe riesgo si algunos de los funcionarios señalados deciden entregarse ante autoridades estadounidenses y reiteró que la cooperación bilateral debe realizarse respetando la soberanía nacional.
“Si hay pruebas reales, México no va a proteger a nadie”, declaró Sheinbaum.
Las declaraciones reflejan el delicado momento diplomático entre ambos países, especialmente por las constantes críticas de Washington sobre el combate al narcotráfico en territorio mexicano.
Estados Unidos mantiene presión sobre México por seguridad
El gobierno estadounidense ha insistido en que México necesita reforzar sus estrategias contra los grupos criminales, particularmente contra el Cártel de Sinaloa y sus distintas facciones.
Por su parte, el gobierno mexicano sostiene que sí existe cooperación en materia de seguridad, aunque bajo condiciones de respeto mutuo y sin intervenciones que vulneren la soberanía nacional.
La situación también tiene un fuerte componente político debido a la cercanía de algunos de los señalados con Morena, partido que actualmente gobierna México.
Analistas consideran que este caso podría convertirse en uno de los episodios diplomáticos más delicados entre ambos países durante 2026.
¿Qué sigue para los funcionarios acusados?
Las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas todavía pueden presentar recursos legales y ejercer su derecho de audiencia ante las autoridades mexicanas.
Mientras tanto, las investigaciones tanto en México como en Estados Unidos continúan avanzando y podrían derivar en nuevas órdenes judiciales, sanciones financieras o incluso procesos de extradición.
El caso mantiene bajo presión al gobierno federal y al estado de Sinaloa, mientras la opinión pública exige claridad sobre los presuntos vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales.