El Senado de la República aprobó este miércoles el nombramiento de Ernestina Godoy Ramos como la nueva Fiscal General de la República, marcando un hito histórico en México. Con noventa y siete votos a favor de las bancadas de Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano, la abogada se convierte en la primera mujer en encabezar la Fiscalía General de la República desde la reforma que transformó la antigua Procuraduría General de la República. Este nombramiento llega tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, quien ocupaba el cargo desde hace varios años. La designación de Godoy fiscal representa un cambio significativo en la estructura de poder judicial mexicano, y su gestión al frente de esta institución será determinante para el futuro de la procuración de justicia en el país.
El proceso de designación: terna de mujeres propuesta por Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado FGR una terna exclusivamente conformada por candidatas, argumentando que es tiempo de mujeres en posiciones de poder. Este proceso fue completado en menos de una semana, lo que generó críticas de la oposición respecto a la rapidez y transparencia del procedimiento. La terna incluyó a Ernestina Godoy, quien fungía como encargada del despacho de la Fiscalía General de la República tras la salida de Gertz Manero; Luz María Zarza, quien contendió para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y Maribel Bojorges Beltrán, quien buscaba ser jueza en la Ciudad de México.
Las tres aspirantes comparecieron ante el pleno del Senado en tres rondas de preguntas, cada una con dos minutos por grupo parlamentario. Posterior a ello, cada candidata dispuso de veinte minutos para responder a los cuestionamientos. Sin embargo, únicamente Godoy utilizó su tiempo completo, circunstancia que algunos analistas interpretaron como indicativo de una decisión preestablecida. El proceso electoral fiscal fue desahogado bajo un formato expedito que minimizó el debate y transformó la sesión en un mero trámite legislativo, según denunciaron senadores de la oposición.
Ernestina Godoy: Perfil de la nueva fiscal de México
Ernestina Godoy Ramos es abogada de formación y una de las personas más cercanas a la presidenta Sheinbaum. Con seis años de especialización en procuración de justicia en la Ciudad de México, Godoy fiscal acumula experiencia significativa en el aparato de seguridad capitalino. Antes de ser designada como nueva fiscal FGR, se desempeñaba como consejera jurídica de la Presidencia de la República. Además, fue electa senadora de la República en 2024 como militante de Morena, posición que mantuvo hasta su designación en la Fiscalía General de la República.
Durante su comparecencia ante los senadores, Godoy fiscal prometió que no habrá persecución política, pero advirtió que tampoco existirá impunidad. En sus palabras: “No se acusará a nadie injustamente, porque en la procuración de justicia no caben las acciones parciales ni con tintes políticos; la procuración de justicia que propongo es aquella leal a los principios y valores de la patria”. Cerró su discurso con una frase que popularizara el expresidente Andrés Manuel López Obrador: “Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”.
Votación y apoyo político para Ernestina Godoy fiscal
La votación en el Senado FGR resultó en ciento veintisiete votos emitidos: noventa y siete a favor del nombramiento de Ernestina Godoy, diecinueve en contra y once nulos. Entre los votos negativos se encontraban los de senadores como Alejandro Moreno del PRI y Lilly Téllez del PAN, quienes escribieron consignas de rechazo en sus cédulas de votación. Téllez escribió “No a la mafiocracia”, evidenciando la polarización que caracterizó este proceso de designación FGR.
La bancada de Movimiento Ciudadano, partido de oposición, decidió otorgar sus seis votos a cambio de que Godoy fiscal firmara un decálogo de compromisos para mejorar la gestión de la FGR. Este acuerdo incluyó promesas sobre transparencia, profesionalismo y autonomía institucional. Cuatro senadores adicionales de la bancada del PAN también votaron en favor de la nueva fiscal, lo que contribuyó a alcanzar la mayoría calificada requerida por la ley. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, justificó el voto argumentando que era preferible influir positivamente en una decisión que consideraban inevitable.
El contexto de la salida de Gertz Manero y la transición
Alejandro Gertz Manero ocupó el cargo de fiscal de México desde la creación de la Fiscalía General de la República tras la reforma constitucional de 2017. Su renuncia se produjo bajo presiones políticas significativas, generando especulaciones sobre las circunstancias que rodearon su salida. Antes de renunciar, Gertz Manero firmó un acuerdo que convirtió a Ernestina Godoy en fiscal especial de Control Competencial, el cargo que la ley designa para suplir al titular en caso de ausencia definitiva, facilitando su transición hacia la posición de nueva fiscal FGR.
Este mecanismo fue denunciado por la oposición como una maniobra política diseñada para asegurar la continuidad de una agenda gubernamental. Senadores como Claudia Anaya del PRI advirtieron que el proceso exprés para destituir a Gertz Manero y colocar a Godoy fiscal al frente de la Fiscalía General de la República acabaría con la autonomía constitucional de la institución. Las críticas se enfocaron en la posibilidad de que la nueva titularidad encubriera casos de corrupción presuntamente involucrando a políticos de Morena.
Compromisos de Ernestina Godoy ante el Senado FGR
Durante su intervención ante los legisladores, Ernestina Godoy fiscal reiteró su compromiso de construir una fiscalía a la vanguardia que ponga al centro a las víctimas de delitos. Enfatizó que su gestión actuaría con profesionalismo y trabajaría por recuperar la confianza de la ciudadanía en la Fiscalía General de la República. Godoy fiscal también negó ser una “fiscal carnal”, término coloquial que en contexto político mexicano se refiere a un funcionario que actúa bajo órdenes directas del poder ejecutivo sin autonomía institucional.
La nueva fiscal se comprometió a que la justicia no será utilizada como herramienta de persecución política, pero tampoco como espacio de protección para responsables de delitos graves. Este equilibrio que propone Ernestina Godoy fiscal constituye lo que en teoría se denomina “autonomía relativa”, concepto que combina la independencia institucional con la responsabilidad política ante los órganos de poder constitucional. Su mandato como fiscal de México se extenderá por nueve años, período durante el cual enfrentará el desafío de reconstruir la confianza pública en la procuración de justicia.
Reacciones políticas e institucionales al nombramiento
Diversos actores políticos extendieron felicitaciones al nombramiento de Ernestina Godoy como nueva fiscal FGR. El coordinador de diputados de Morena, Ricardo Monreal, expresó confianza en que Godoy fiscal estaría a la altura del reto de fortalecer la justicia en México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, subrayó que el nombramiento inspira a mujeres y niñas que ven en Godoy un ejemplo de congruencia, lucha y amor por México. Miembros del gabinete como el secretario de Educación, Mario Delgado, también se sumaron a las manifestaciones de apoyo.
Sin embargo, desde la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos surgieron voces cuestionando el proceso de designación FGR. Aunque no fue incluida en la terna final, Luis Manuel Pérez de Acha, abogado y activista que fungiera como comisionado ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, se perfilaba como una opción con mayor trayectoria independiente. Pérez de Acha fue el único de los cuarenta y tres aspirantes de la lista original que hizo públicas sus aspiraciones con una propuesta para fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de la fiscalía.
Implicaciones para el sistema de justicia mexicano
La designación de Ernestina Godoy como nueva fiscal FGR tiene implicaciones profundas para el sistema de justicia en México. Como titular de la Fiscalía General de la República, Godoy fiscal ejercerá autoridad sobre miles de fiscales y agentes ministeriales en todo el país. Su gestión incidirá directamente en la investigación y persecución de delitos de fuero federal, incluyendo crimen organizado, corrupción y violaciones a derechos humanos. La confianza pública en estas instituciones dependerá en gran medida de cómo Ernestina Godoy fiscal ejerza su mandato durante los próximos nueve años.
Los analistas políticos coinciden en que esta designación refleja una concentración del poder ejecutivo sobre las instituciones de justicia. A diferencia de procesos anteriores que contemplaban mecanismos de selección más amplios, el nombramiento de Godoy fiscal fue acelerado y concentrado en criterios políticos. Este fenómeno, conocido como “politización institucional”, puede comprometer la capacidad de la Fiscalía General de la República para actuar de manera independiente en investigaciones que involucren al poder político.
El futuro de la Fiscalía General de la República bajo nuevo liderazgo
Durante los próximos nueve años, Ernestina Godoy fiscal encabezará la Fiscalía General de la República en un contexto desafiante. Los índices de violencia en México permanecen elevados, y la confianza en la administración de justicia continúa siendo baja según encuestas de percepción ciudadana. Los retos que enfrenta la nueva fiscal incluyen la modernización de sistemas de investigación, capacitación de personal, combate a la corrupción interna y coordinación con autoridades estatales. Las decisiones que tome Godoy fiscal respecto a investigaciones de alto perfil definirán la credibilidad de su gestión ante la sociedad mexicana.
La promesa de Ernestina Godoy de una Fiscalía General de la República autónoma pero responsable tendrá que demostrarse en hechos concretos. Será necesario observar cómo la nueva fiscal maneja casos emblemáticos, cómo interactúa con la prensa libre, y cómo responde ante presiones políticas que inevitablemente surgirán. El éxito o fracaso de esta administración dependerá de su capacidad para balancear la exigencia de justicia con el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas sometidas a investigaciones por la Fiscalía General de la República.
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