El congreso del Estado aprobó tres nuevas reformas relacionadas con la seguridad y la prestación de servicios de transporte.
Congreso de Quintana Roo aprobó tres nuevas reformas relacionadas con la seguridad y la prestación de servicios de transporte:
- 1.- La primera establece sanciones de 2 a 6 años de cárcel y multas de hasta 240 días para quienes dañen propiedades de manera intencional.
- 2.- La segunda contempla un incremento en las penas por homicidio o lesiones, añadiendo una mitad más a la sentencia y aumentando en dos terceras partes si la víctima es un menor o turista.
- 3.- La tercera disposición establece la revocación de concesiones o permisos de transporte si el concesionario o sus empleados cometen delitos mientras prestan el servicio.
“Ahora los delitos por daños y lesiones relacionados en el servicio de transporte se perseguirán de oficio, sin necesidad de una denuncia previa”.
La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama agradece a las diputadas y diputados de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo por la aprobación de esta importante iniciativa.
“Con las reformas al Código Penal y la Ley de Movilidad, avanzamos hacia un transporte más seguro y competitivo para tod@s”, dijo.
La reforma, según señalaron en pleno los legisladores, se origina como una medida para contrarrestar los distintos hechos violentos que han involucrado a servidores de transporte público y privado, principalmente en Cancún y en la Rivera Maya, zona donde por años se han reportado agresiones de taxistas a choferes de la plataforma Uber.
En su intervención, la Legisladora Euterpe Gutiérrez comentó que, para proteger la imagen turística y garantizar la seguridad de los usuarios en el Estado, es necesario aplicar sanciones más severas contra aquellos servidores que atenten contra la integridad de otros.
“Estas medidas son un mensaje claro de cero tolerancia contra cualquier acto de violencia que afecte a nuestros Quintanorroenses o turistas”, declaró.
Entre los cambios a la ley se encuentra: perseguir de oficio a los prestadores de servicio de transporte, quienes durante sus funciones se impliquen en el homicidio de alguna víctima menor de edad o turista; a quienes destruyan el vehículo o pertenencias ajenas, podrían tener hasta seis años de prisión.
Uno de los cambios que generó preocupación entre algunos ciudadanos en redes sociales, es el que establece que cualquier persona que dañe, altere, destruya, obstaculice o modifique una vía de comunicación, cuya omisión podría acarrear una pena de seis meses a cuatro años; pues los ciudadanos consideran que atenta contra aquellas personas que se manifiesten o blequeen carreteras, ejerciendo su derecho a protestar.