Las sedes del Poder Judicial de la Federación enfrentan un prolongado paro de actividades, ya que los trabajadores de varias instalaciones no han regresado a sus labores, a pesar de las órdenes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para reanudar funciones.
En el Palacio de Justicia de San Lázaro y en el edificio Prisma, ubicado en la avenida Insurgentes, los empleados han decidido no retomar sus actividades, evidenciando una clara desobediencia ante la orden del CJF. A pesar de que hasta ahora no se han emitido circulares que decreten oficialmente la suspensión de labores, el descontento entre los trabajadores es palpable.
Desde tempranas horas del lunes, los empleados del Poder Judicial que laboran en el Palacio de Justicia de San Lázaro comenzaron a colocar mantas, carpas y sillas en los accesos principales del edificio, cerrándolo como parte de su protesta. Esta medida se ha mantenido activa desde la semana pasada, cuando los trabajadores decidieron seguir en paro debido a la falta de condiciones adecuadas para reintegrarse a sus funciones.
Un llamado a la independencia judicial
El magistrado de circuito, Héctor Orduña, fue el encargado de comunicar la decisión colectiva de los trabajadores y titulares de los 63 órganos jurisdiccionales que operan en San Lázaro. Orduña afirmó: “Hemos estado luchando por la independencia judicial, un principio fundamental para los jueces y magistrados. Por ello, hemos concluido que no existen las condiciones necesarias para que podamos regresar a trabajar.”
El magistrado enfatizó que la determinación corresponde únicamente al personal de esta sede judicial y añadió que durante la reunión se abordó la posibilidad de sanciones a los trabajadores que continúen con el paro. Sin embargo, dejó claro que “toda manifestación tiene consecuencias”, sugiriendo que el movimiento tiene un carácter firme y organizado.
A medida que el paro continúa, la incertidumbre sobre el futuro del Poder Judicial y la reacción de las autoridades se hace más evidente, mientras los trabajadores mantienen su postura en defensa de lo que consideran la independencia y la integridad del sistema judicial.
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