En medio de fuertes protestas de la oposición, Morena y sus aliados aprobaron en el Senado una reforma constitucional que restringe la posibilidad de interponer amparos contra modificaciones a la Constitución, generando un intenso debate en el recinto y acusaciones de autoritarismo.
Con 85 votos a favor de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y 41 votos en contra por parte del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, el Senado dio luz verde a la iniciativa en una sesión que se extendió hasta la madrugada. El dictamen aprobado será enviado a la Cámara de Diputados para su revisión.
Durante la discusión, senadores de oposición protestaron enérgicamente, gritando “¡No a la dictadura, no a la dictadura!” desde sus lugares. El panista Ricardo Anaya denunció en tribuna que la reforma “implica que, si se hace una modificación constitucional, jamás procederá recurso legal alguno. No habría amparo, ni acción de inconstitucionalidad, ni controversia constitucional”, afirmó, acusando al oficialismo de aprobar la medida “de espaldas al pueblo de México”.
Los legisladores de Morena, en defensa de la reforma impulsada por Adán Augusto López, afirmaron que el propósito no es limitar el derecho de los ciudadanos a defenderse, sino armonizar la Constitución con el artículo 61 de la Ley de Amparo, que impide la impugnación de reformas constitucionales. El senador Enrique Inzunza, de Morena, declaró que “el poder reformador de la Constitución, como órgano que representa la soberanía nacional, no debe ser sujeto a mecanismos de control jurisdiccional”.
La reforma incluye modificaciones a los artículos 105 y 107 de la Constitución. En el artículo 105 se especifica que “son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución”. Asimismo, el artículo 107 se reforma para impedir el juicio de amparo contra cualquier reforma constitucional.
En respuesta, la senadora panista Lily Téllez calificó la reforma como una “medida anticonstitucional” que, en su opinión, “retira cualquier freno para impedir que una mayoría despótica modifique la Constitución, incluso en contra de su esencia republicana”.
La discusión se ha vuelto un punto de alta tensión en el Congreso, y se anticipa que la iniciativa genere un extenso debate en la Cámara de Diputados, donde la oposición ha prometido una firme resistencia.
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