La gobernadora Mara Lezama envía a la XVIII Legislatura las propuestas para seleccionar a los nuevos magistrados tras la reforma constitucional que transforma el órgano clave en el combate a la corrupción.
Quintana Roo está a punto de experimentar un cambio profundo en su Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, gracias a la reciente reforma constitucional impulsada por los nuevos legisladores locales. La gobernadora del estado, Mara Lezama, ha enviado los nombres de los candidatos para que la XVIII Legislatura analice y elija a los cinco mejores perfiles que ocuparán las magistraturas de este tribunal clave en el Sistema Estatal Anticorrupción.
El pasado 9 de agosto se publicaron las reformas constitucionales que establecen la renovación completa de este órgano judicial, otorgando un plazo de 15 días hábiles para que la jefa del Ejecutivo estatal presentara las ternas correspondientes al Congreso local. En cumplimiento de este mandato, la gobernadora ha propuesto 14 mujeres y un hombre como candidatos, reflejando un marcado enfoque hacia la equidad de género en la conformación del tribunal.
Entre las ternas destacan nombres de profesionales con amplia experiencia en el ámbito jurídico. La primera terna está compuesta por Jorge Arturo Herrera Reyes, Claudia Marcela Pastrana Lagos y Claudia Carrillo Gasca. En la segunda se encuentran Deydre Carolina Anguiano Villanueva, Mayra San Román Carrillo Medina y Coral Marlene de la Cruz Avilés. Para la tercera terna, los nombres propuestos son Amayrani Núñez Medrano, Nayeli del Carmen Solís Poot y Ana Luisa Parrao Guzmán.
Asimismo, Minerva Maribel Moreno Cruz, Landy Beatriz Blanco Lizama y Elsa Noemí Heredia Martínez conforman la cuarta terna; mientras que la quinta está integrada por Marbella Doporto Orozco, Eugenia Maritza Valencia Hernández y Rubí Guadalupe Sulub Cih.
Estas personas reemplazarán a los actuales magistrados Jesús Antonio Villalobos Cobos, Antonio Sánchez Urrutia, Alfredo Cuéllar Labarthe, Isabel González Glenie y Mónica de los Ángeles Valencia Díaz. Una vez que el Congreso del Estado seleccione a los nuevos magistrados, se llevará a cabo una nueva Declaratoria de inicio de funciones administrativas y jurisdiccionales del Tribunal, cumpliendo así con lo que estipula la legislación vigente.
Uno de los aspectos clave de este proceso es que, a diferencia de la ocasión anterior, en la que la Declaratoria fue realizada por la Diputación Permanente, esta vez será el pleno del Congreso quien emita la declaración formal de inicio de actividades del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción.
El artículo transitorio de la reforma establece que los actuales magistrados deberán cesar sus funciones una vez que se lleve a cabo el cambio de administración. Los funcionarios salientes recibirán la indemnización correspondiente conforme a lo establecido por la ley, asegurando así un proceso ordenado y respetuoso de los derechos laborales de quienes terminan su encargo.
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