Los embajadores de Estados Unidos y Canadá expresaron su preocupación por la propuesta de elegir jueces por voto popular en México, advirtiendo que podría poner en riesgo la democracia y la estabilidad económica de Norteamérica.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, lanzó una advertencia clara y contundente sobre el riesgo que representa la propuesta de elegir jueces por voto popular en México. Durante una conferencia, el diplomático señaló que esta reforma podría amenazar tanto la democracia mexicana como la integración económica de Norteamérica, especialmente en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Salazar subrayó que cualquier reforma al Poder Judicial debe incluir salvaguardas que aseguren el fortalecimiento de este poder, evitando que caiga en las redes de la corrupción política. En su opinión, la elección de jueces por voto popular podría derivar en un debilitamiento del sistema judicial y en una politización de los procesos judiciales, lo que no resolvería el problema de la corrupción.
El embajador también alertó sobre las posibles consecuencias económicas de la reforma. Mencionó que, de aprobarse, se anticipan discusiones y litigios por parte del sector privado, lo que podría afectar la estabilidad económica en la región. Además, recordó el interés de una inversión de mil millones de dólares en Baja California para la producción de semiconductores, pero señaló que esta inversión depende de la certidumbre jurídica en el país.
Por su parte, el embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, expresó preocupaciones similares. Durante su participación en el foro de negocios México-Canadá CanCham Day 2024, Clark afirmó que los inversionistas canadienses están inquietos por la propuesta de reforma judicial. Aunque aclaró que no busca intervenir en los asuntos internos de México, enfatizó que existe un riesgo real de que se rompa el vínculo de confianza entre los inversionistas y el gobierno mexicano.
El Consejo de Empresas Globales también se pronunció sobre el tema, instando a ajustar la propuesta de reforma para garantizar la certeza jurídica y evitar que se desaliente la inversión extranjera directa. A través de un comunicado, el organismo, que representa a 61 multinacionales en México, advirtió que la reforma podría vulnerar el estado de derecho y la justicia en el país, afectando a millones de trabajadores mexicanos.
En este contexto, el embajador Salazar reiteró su llamado a que cualquier reforma al Poder Judicial se enfoque en fortalecer la justicia y no en debilitarla. Destacó que, si bien reconoce la necesidad de cambios en el sistema, la elección popular de jueces no es la solución adecuada y podría llevar a resultados adversos tanto para México como para sus socios comerciales en Norteamérica.
Tanto Salazar como Clark concluyeron que, aunque la reforma es necesaria, debe ser cuidadosamente diseñada para no socavar la estabilidad democrática ni la confianza de los inversionistas en el país.
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