Expertos alertan sobre el incumplimiento de las normas de arrendamiento en el Caribe Mexicano y proponen reformas para proteger a los inquilinos
En Quintana Roo, el 80% de los contratos de arrendamiento están en flagrante incumplimiento del artículo 2448 del Código Civil Federal, generando serias preocupaciones para los inquilinos en la región. Esta cifra alarmante revela una situación crítica para los arrendatarios, quienes a menudo enfrentan condiciones desventajosas debido a la falta de regulación y cumplimiento por parte de los propietarios.
Javier García Castro, abogado especializado en arrendamiento y procedimientos civiles, explica que el Caribe Mexicano, en particular, enfrenta un alto grado de violaciones a los derechos de los inquilinos. García Castro destaca que la falta de un contrato de arrendamiento formal es una de las principales deficiencias. Más del 80% de las rentas en el estado se llevan a cabo sin el respaldo de un contrato escrito, lo que incrementa las complicaciones cuando surgen disputas entre arrendatarios y arrendadores.
“En nuestra firma, casi la mitad de nuestros clientes provienen de la Ciudad de México, Cancún, Playa del Carmen y Tulum, y los conflictos entre arrendadores e inquilinos son frecuentes,” comenta el experto.
Según García Castro, esta falta de formalización también es una estrategia utilizada por muchos arrendadores para evadir el cumplimiento de obligaciones fiscales.
Otro aspecto crítico es el incumplimiento del artículo 2448-B del Código Civil Federal, que exige a los propietarios garantizar la higiene y seguridad de la vivienda arrendada. García Castro señala que gran parte de los conflictos se deben a problemas estructurales en las propiedades, como falta de agua, problemas eléctricos, humedad y goteras, que los arrendadores no solucionan adecuadamente y, en ocasiones, intentan descontar del depósito del inquilino.
Los problemas no se limitan a la infraestructura de las viviendas. El artículo 2448 también establece que los contratos de arrendamiento deben tener una duración mínima de un año. Sin embargo, muchos propietarios sacan a los inquilinos antes de que se cumpla este período para arrendar la propiedad a personas con mayor capacidad adquisitiva. Este fenómeno es particularmente común en ciudades turísticas como Cancún, donde la gentrificación y el deseo de maximizar las ganancias han llevado a aumentos repentinos en los precios de renta. La ley estipula un plazo de 15 días para notificar cambios en el contrato y llegar a un acuerdo, pero este procedimiento a menudo no se respeta.
García Castro también menciona que la Ciudad de México está avanzando en una reforma que podría ser adoptada por Quintana Roo en el futuro. La propuesta sugiere que para rentas que no excedan los 150 salarios mínimos (equivalentes a aproximadamente 13 mil 200 pesos mensuales), el aumento anual no debería superar el 10%. Esta medida, según el abogado, sería beneficiosa para la población quintanarroense, donde el 40% de los trabajadores dependen del alquiler y enfrentan el desplazamiento debido a la gentrificación.
La situación actual resalta la necesidad urgente de reformas y medidas más estrictas para proteger a los inquilinos en Quintana Roo y garantizar el cumplimiento de las normativas de arrendamiento.
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