En una decisión que marca un giro en el caso Ayotzinapa, ocho elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron liberados en las primeras horas de la mañana del Campo Militar 1-A, tras la revocación de la prisión preventiva que pesaba sobre ellos. La jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo tomó la determinación de liberar a los militares, quienes enfrentan acusaciones vinculadas a la desaparición forzada en el ya emblemático caso.
En un hecho que ha generado controversia, la jueza Segundo de Distrito de Procesos en el Estado de México notificó la libertad inmediata de los ocho militares, cumpliendo así con la resolución que ordenó el cambio de medida cautelar. Según fuentes cercanas al caso, los elementos castrenses cumplieron con los requisitos exigidos por el juzgado para obtener su liberación.
Se presume que los liberados, identificados como Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz, ya se encuentran con sus familias. Están preparados para afrontar el continuo proceso legal y demostrar su inocencia, según señalaron fuentes allegadas al caso.
La salida de los militares se llevó a cabo de manera gradual alrededor de las 3 de la mañana, por la puerta 3 del Campo Militar, conectando con la avenida Conscripto. La liberación fue posible tras cubrir el pago de una garantía de 50 mil pesos impuesta por la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo.
A pesar de su libertad, los ocho elementos de la Sedena no quedan exentos de restricciones. Se les impone la obligación de presentarse a firmar los días 1 y 16 de cada mes ante la Unidad de Medidas Cautelares. Además, tienen prohibido salir del país y acercarse al estado de Guerrero. También se les prohíbe cualquier contacto o comunicación con las víctimas o testigos protegidos, siempre y cuando no afecte su derecho de defensa.
Este nuevo desarrollo en el caso Ayotzinapa aviva la atención sobre el proceso judicial en curso, mientras la sociedad observa con detenimiento el desenlace de un caso que ha conmocionado a México y ha generado un llamado de justicia por la desaparición de los 43 estudiantes en 2014.
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