A pesar de la prohibición de corridas de toros y peleas de gallos en Quintana Roo, los promotores de estos eventos continúan en total impunidad debido a la falta de sanciones en la ley estatal. El titular de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente (PPA), Alonso Fernández Lemmen Meyer, alerta a los diputados sobre la necesidad de actualizar la legislación para imponer multas y medidas disciplinarias.
Aunque la Ley de Protección y Bienestar Animal de Quintana Roo, promulgada en 2019, prohíbe explícitamente las corridas de toros y las peleas de gallos en su artículo 40, no contempla sanciones en los artículos 121 y 122, lo que permite que los promotores de estos eventos evadan cualquier castigo, según detalla un oficio enviado por el titular de la PPA a los legisladores de la XVII Legislatura.
El documento expone la preocupación de que la ausencia de sanciones dificulta prevenir la realización de estas actividades, obstaculizando el objetivo principal de la ley: promover la cultura del trato digno y respetuoso hacia los animales.
En abril del año pasado, la PPA identificó al Ayuntamiento de José María Morelos como responsable de permitir la celebración de estos eventos, pese a la prohibición legal. A pesar de iniciar un expediente contra las autoridades municipales, la PPA no pudo imponer sanciones y se limitó a dar advertencias verbales a los promotores.
La falta de consecuencias negativas no disuadió a los organizadores, quienes persistieron en la organización de corridas de toros y peleas de gallos en la región. Ante esta situación, la PPA insta a los legisladores a actualizar la ley estatal para incluir sanciones económicas e incluso la inhabilitación de funcionarios que promuevan o permitan estos actos.
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