La Fiscalía General de la República (FGR) ha declarado su intención de impugnar la resolución de la jueza federal que ordenó la liberación provisional de ocho miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), presuntamente vinculados al caso Ayotzinapa. Asimismo, la FGR advierte que emprenderá acciones legales contra la jueza y otros impartidores de justicia involucrados en el caso.
La FGR expresó su preocupación y rechazo ante la liberación de los elementos de la Sedena y anunció la presentación inmediata de los recursos correspondientes para asegurar los derechos y la seguridad de las víctimas. Además, señaló que tomará medidas legales conforme al artículo 225 del Código Penal Federal, que castiga los actos que entorpecen la administración de justicia y otorgan ventajas indebidas.
La institución federal señaló directamente a la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, así como a los magistrados federales Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, por beneficiar indebidamente a los militares.
La FGR describió la secuela procesal como cuestionable y perjudicial para los derechos y la protección de las víctimas, afirmando que se concedieron ventajas indebidas y se ignoraron resoluciones de jueces que dictaminaron prisión preventiva justificada para los militares acusados en el caso Ayotzinapa.
La dependencia resaltó que esta situación de injusticia afecta a 43 desaparecidos, a sus familias, a su seguridad y a la nación en su conjunto. La libertad procesal para quienes cometieron el delito de desaparición forzada es considerada de alta peligrosidad.
Además, la FGR recordó que en 2023, el Ministerio Público de la Federación obtuvo más de nueve mil sentencias favorables para las víctimas, demostrando que muchos jueces federales actúan con imparcialidad y apego a derecho. También subrayó los logros en mecanismos alternativos de solución de controversias, enfatizando la obtención de más de dos mil acuerdos con efectos de sentencia firme en favor de las víctimas que optaron por esta vía de procuración de justicia.