En una decisión controvertida, los senadores de Morena y sus aliados han aprobado la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos que estaban en funcionamiento en el Poder Judicial. Este polémico dictamen se envía ahora al presidente Andrés Manuel López Obrador para su revisión.
Después de dos horas de intensos debates, la reforma fue aprobada con 67 votos a favor y 49 en contra, incluyendo el voto negativo de la senadora morenista Olga Sánchez Cordero, quien anteriormente fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El dictamen aprobado establece que, dentro del Poder Judicial, no se podrán crear ni mantener en funcionamiento fondos o fideicomisos adicionales que no estén expresamente previstos en su Ley Orgánica.
Las protestas contra la desaparición de los fideicomisos por parte de los trabajadores del Poder Judicial se han venido desarrollando desde la semana pasada. Durante su jornada de manifestación el martes, los empleados acusaron que el intento de quitarles cerca de 15 mil millones de pesos de sus fideicomisos se debe a que el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena buscan financiar las campañas electorales de 2024.
Patricia Labastida, empleada del Poder Judicial, expresó: “Realmente, todos sabemos que el dinero lo quieren para las campañas. Lo quieren para ellos”.
Luz María Osorio, oficial judicial, agregó: “Es el querer financiar campañas, porque incluso él apoyó campañas de funcionarios que todavía estaban, por ejemplo, el titular de Relaciones Exteriores, (con) Claudia Sheinbaum, hicieron campañas previo a la temporada, cuando en otros momentos él hubiera sido el primero en decir ‘esto no está bien y hagan algo’, ahorita sí está bien porque es él, porque es su gente eso es lo que incomoda”.
Durante el debate sobre el dictamen, la senadora Olga Sánchez Cordero defendió a los trabajadores del Poder Judicial y anunció que votaría en contra de la iniciativa promovida por Morena. Afirmó que la eliminación de los fideicomisos afectaría a los trabajadores y que su objetivo era respaldar el aspecto institucional de la cuestión.