Texas dicta una ley que expulsa a las personas que parezcan inmigrantes

Con un acto ceremonioso en Brownsville, el gobernador republicano de Texas, Gregg Abbott, oficializó ayer la polémica Ley SB4, otorgando poder a la policía estatal y de condados para arrestar y deportar a México a cualquier persona “sospechosa” de haber cruzado ilegalmente a Texas.

En un escenario rodeado de alguaciles y elementos militares de la Guardia Nacional de Texas, Abbott destacó que la nueva legislación permitirá encarcelar a inmigrantes reincidentes con penas de hasta 20 años, rechazando las críticas del presidente López Obrador, a quien acusó de ser una causa fundamental del problema migratorio en Estados Unidos.

El gobernador anticipa que, con la implementación de la ley a partir de marzo próximo, el flujo de migrantes a Texas podría disminuir significativamente, incluso hasta en un 75%, ya que aquellos arrestados deben aceptar la orden de deportación de un juez o enfrentar cargos penales. En caso de reincidencia, la sanción más severa es la posibilidad de 20 años de cárcel.

¿Qué más autoriza la Ley?

Aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes estatales, la ley autoriza a los policías de Texas deportar a presuntos migrantes sin seguir los procedimientos constitucionales del debido proceso, prescindiendo de juicios. Las agencias policiales esperan que la ley facilite la lucha contra los cárteles mexicanos.

Expertos en derecho internacional expresan preocupación por posibles disputas legales con el gobierno de López Obrador, ya que los oficiales estatales podrían enviar a miles de personas hacia México sin considerar su estatus migratorio o nacionalidad.

A pesar de las advertencias del gobierno de la 4T sobre los impactos en los derechos humanos de los mexicanos residentes en Texas, la SB4 y otra iniciativa no entrarán en vigor hasta marzo del próximo año. La Unión Nacional de Libertades Civiles (Aclu) anticipa una demanda preventiva, argumentando violaciones a los derechos de solicitantes de asilo, tanto en las leyes estadounidenses como internacionales.

Organizaciones texanas, incluyendo la Unión del Pueblo Entero y Frontera Texas Organizing Project, critican a Abbott y anuncian acciones legales. Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, asegura que docenas de organizaciones se comprometen a resistir la “agenda antiinmigrante, racista y xenófoba” liderada por el gobernador Abbott.

Ley podría afectar a mexicanos: AMLO

Abbott acoge las posibles demandas, incluso ante la Suprema Corte, a pesar de un precedente que consideró inconstitucionales medidas similares en Arizona en 2010. Además de la SB4, Abbott promulga la SB3 destinando $1,540 millones para completar el muro de Trump y construir barreras adicionales.

Durante la ceremonia, Abbott resalta la construcción de 26 km de muros y barreras de acero, con otros 53 km en proceso, y más de 177 km de barreras con alambre de púas. La SB4 asigna $40 millones al Departamento de Seguridad Pública de Texas para fortalecer la vigilancia en la zona de Colony Ridge, cerca de Houston.

Ante la promulgación, legisladores demócratas solicitan al Departamento de Justicia una demanda contra Texas por lo que califican como una ley “inconstitucional”. La carta enviada al fiscal general, Merrick Garland, lleva la firma de demócratas de la Delegación de la Cámara de Representantes de EU y del Caucus Hispano del Congreso federal.