Rafael Hernández Nieto Enfrentará Proceso en Libertad Tras Decisión Judicial
Un Tribunal Federal ha otorgado un amparo al General en situación de retiro Rafael Hernández Nieto, quien había sido señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto responsable del delito de delincuencia organizada en el contexto del caso Ayotzinapa.
Hernández Nieto, ex comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, continuará su proceso en libertad tras esta decisión, enfrentando las imputaciones del Ministerio Público Federal, el cual alega que se reunió con miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, basándose en conversaciones de WhatsApp interceptadas por la DEA.
Por mayoría de votos, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ratificó la resolución del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, que había dictaminado en favor del general retirado. La FGR había impugnado esta decisión, argumentando que la presencia del acusado en el proceso no estaba garantizada y que existía un alto riesgo de fuga debido a la falta de arraigo domiciliario y residencia habitual.
El Tribunal Colegiado desestimó estos argumentos, confirmando que la prisión preventiva oficiosa impuesta a Hernández Nieto debía ser revocada y que se debía emitir una nueva resolución que hiciera definitiva esta revocación. La jueza de primera instancia había acatado las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaraban la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa.
El año pasado, Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Toluca, Estado de México, celebró una audiencia de revisión de medidas cautelares en cumplimiento de un amparo. Durante esta audiencia, el Ministerio Público Federal no pudo justificar la necesidad de la prisión preventiva, lo que llevó a la jueza a modificar dicha medida.
Como parte de las nuevas medidas cautelares, Hernández Nieto debe presentarse a firmar quincenalmente ante la Unidad de Revisión de Medidas Cautelares, entregar su pasaporte y visa vigente, y exhibir una garantía de 50 mil pesos. Además, se le prohibió salir del estado de Puebla sin previo aviso y acercarse a testigos o víctimas del caso.
Elena Jaloma Cruz, administradora de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), presentó como pruebas en el caso las intervenciones telefónicas realizadas por la DEA a miembros de Guerreros Unidos.
Esta decisión judicial representa un importante giro en el proceso legal relacionado con el caso Ayotzinapa, subrayando la importancia de los derechos humanos y las garantías procesales en el sistema de justicia mexicano.
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