Algunos de estos criminales están ligados al Cártel de Juárez, Los Rojos y los Beltrán Leyva; aquí te contamos toda la historia.
En un movimiento sin precedentes, el gobierno mexicano ha extraditado a Estados Unidos a ocho individuos de alto perfil en la última semana. Entre los extraditados se encuentran líderes de una célula del Cártel de Juárez, un cabecilla de Los Rojos, un ex operador de los Beltrán Leyva y un destacado traficante de personas, marcando un momento clave en la colaboración binacional en materia de justicia.
El 20 de febrero, Eduardo Ravelo, conocido como “El Tablas”, y Enrique Guajardo López, alias “El Kiki”, fueron entregados a las autoridades estadounidenses. Ambos están acusados de tráfico de drogas por su vínculo con Barrio Azteca, una célula de sicarios al servicio del Cártel de Juárez en Ciudad Juárez, Chihuahua. Además, se les relaciona con el asesinato de tres empleados del consulado estadounidense en Ciudad Juárez en marzo de 2010.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y la Fiscalía General de la República (FGR) de México han señalado que estas acciones forman parte de un esfuerzo conjunto para enfrentar el crimen organizado trasnacional.
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Quiénes son los otros extraditados
El 25 de enero, el DOJ confirmó la extradición de Omar Cuenca Marino, identificado como líder de la organización criminal de Los Rojos. Fue presentado ante un juez federal en Atlanta, Georgia, acusado de conspiración para distribuir e importar metanfetamina, cocaína y heroína, así como de lavado de dinero.
Ese mismo día, Irma Elvira Cruz, conocida como “La Madre” o “Huzipol”, también fue extraditada. Cruz, de 60 años, está acusada de coordinar el envío de cocaína colombiana a Estados Unidos y de verificar su calidad.
El 22 de febrero, Jesús Ricardo Patrón Sánchez, alias “El H-3”, identificado como ex operador del Cártel de los Beltrán Leyva, fue extraditado a Washington. Enfrenta cargos por narcotráfico, posesión de armas de fuego y lavado de dinero en una corte federal de Brooklyn, Nueva York.
Al día siguiente, el 21 de febrero, Raúl Saucedo Huipio y Ofelia Hernández Salas, conocida como “Doña Lupe”, fueron entregados a las autoridades estadounidenses. Ambos son acusados de tráfico de personas; Hernández Salas operaba desde Mexicali, Baja California.
Más extradiciones en proceso
El 18 de marzo de 2024, la FGR entregó a dos fugitivos más a Estados Unidos: Osvaldo Coronel Fernández, acusado de tráfico de personas en Texas, y Rafael Contreras, señalado por tráfico de drogas y lavado de dinero en Carolina del Sur.
Durante una conferencia de prensa el 25 de febrero, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, destacó la magnitud de estas acciones:
“Para que se den ustedes una idea, salvando el tema de los amparos contra las extradiciones, la semana pasada hicimos 11 extradiciones. No se había hecho nunca en la historia de México”, declaró Gertz Manero desde Palacio Nacional.
Proceso de extradición en México
El proceso de extradición en México comienza cuando una persona es detenida de manera provisional por una solicitud de un gobierno extranjero. El juez de control informa al detenido sobre la solicitud y las razones de la misma. Desde ese momento, el país solicitante tiene 60 días para presentar la solicitud formal de extradición.
Posteriormente, el juez evalúa si se cumplen los requisitos para la entrega. Aunque el juez emite una “opinión jurídica” sobre la procedencia de la extradición, esta no es vinculante. La decisión final recae en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que informa al acusado sobre la resolución.
El individuo aún puede interponer un juicio de amparo para evitar la extradición. Si el juicio no prospera, la FGR determina el momento y las condiciones de la entrega a las autoridades estadounidenses.
Colaboración y tensiones en materia de seguridad
Estas extradiciones reflejan una cooperación sin precedentes entre México y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, también han generado tensiones políticas en ambos países, particularmente por las críticas hacia las políticas de seguridad en México y la presión de Estados Unidos para intensificar las extradiciones.
El impacto de estas entregas aún está por verse, pero representan un cambio significativo en la estrategia de seguridad y cooperación judicial entre las dos naciones.
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