Javier Aguirre Farfán, juez del Centro de Justicia Penal en Quintana Roo, consiguió una suspensión definitiva para frenar los efectos de la reforma judicial, convirtiéndose en el primer miembro del Poder Judicial de la Federación en la entidad en lograr tal medida.
El juez federal Javier Aguirre Farfán, adscrito al Centro de Justicia Penal en Quintana Roo, logró obtener una suspensión definitiva contra los efectos de la reciente reforma judicial, en un movimiento que busca bloquear la aplicación de dicha reforma, la cual lo obligaría a dejar su cargo y participar en la elección extraordinaria del próximo año si deseara continuar en su puesto. Esta medida es la primera de su tipo en beneficio de un miembro del Poder Judicial de la Federación en el estado.
Aguirre Farfán ya había sido beneficiado con una suspensión provisional la semana anterior, una medida que fue impugnada por el Consejo de la Judicatura Federal en el juicio de amparo indirecto que el juez promovió para proteger su posición. Sin embargo, este martes, el Juzgado Quinto de Distrito anunció la concesión de la suspensión definitiva en favor del juez. La resolución fue emitida dentro del expediente de amparo indirecto 1014/2024.
“Se concede la suspensión definitiva solicitada”, indica el acuerdo emitido este martes, lo que permite al juez Aguirre Farfán evitar, por ahora, las consecuencias de la reforma judicial que entró en vigor tras su publicación el 15 de septiembre. Esta reforma modificó la manera en que se integra el Poder Judicial de la Federación y ha generado controversia entre jueces y magistrados en todo el país.
El recurso promovido por el juez Aguirre Farfán fue ingresado para su resolución el pasado 11 de octubre, un día antes de que se realizara en el Senado de la República el proceso de insaculación. En dicho proceso, se determinó que los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito del Vigésimo Séptimo Circuito Judicial, con sede en Quintana Roo, deberán renovarse mediante elecciones extraordinarias el próximo año.
El caso de Aguirre Farfán no es único, ya que otros jueces y magistrados federales en diversas partes del país han promovido juicios de amparo similares, buscando anular los efectos de la reforma judicial. Estos funcionarios del Poder Judicial consideran que la reforma vulnera sus derechos laborales al obligarlos a participar en nuevas elecciones para mantener sus puestos.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha afirmado que las suspensiones concedidas a estos jueces son improcedentes, ya que, según la Ley de Amparo y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las reformas constitucionales no pueden ser impugnadas mediante juicios de amparo.
En el caso de Quintana Roo, la reforma judicial impacta directamente en el proceso de renovación de varias magistraturas y jueces. Entre las posiciones que entraron en el proceso electoral extraordinario están las del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, donde Aarón Alberto Pereira Lizama y María Adriana Barrera Barranco ocupan dos de las plazas, mientras que una tercera se encuentra vacante. En el Segundo Tribunal Colegiado, también ocupado en parte por Barrera Barranco, hay una vacante adicional. En el Tercer Tribunal, Jorge Mercado Mejía ocupa una de las plazas, mientras que la otra sigue pendiente de cubrir. Además, dos magistraturas del Tribunal de Apelación, actualmente ocupadas por Tomás José Acosta Ocampo e Iván Benigno Larios Velázquez, también están sujetas al proceso electoral.
El otorgamiento de la suspensión definitiva a Javier Aguirre Farfán marca un precedente importante en la lucha judicial por frenar los efectos de la reforma constitucional, mientras que otros jueces y magistrados continúan sus propios procesos legales en diversas regiones del país. Las implicaciones de estos juicios serán clave en la configuración futura del Poder Judicial de la Federación en México.
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