La titular del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Pamela Bondi, confirmó la entrega a este país de los 29 líderes criminales.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado que buscará las penas máximas, incluyendo la pena de muerte y cadena perpetua, para seis de los 29 presuntos líderes del crimen organizado en México que fueron entregados el pasado 25 de febrero por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre los detenidos se encuentran figuras conocidas como Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”.
En un comunicado, Pamela Bondi, titular del Departamento de Justicia, confirmó la entrega de los 29 presuntos criminales y adelantó que se solicitarán las sanciones más severas para todos ellos. En el caso de los otros 23 acusados, se buscarán condenas de cadena perpetua.
La entrega de estos líderes criminales se da en el contexto de la clasificación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de la administración del expresidente Donald Trump. Esta designación ha permitido a los fiscales en Estados Unidos imponer cargos adicionales, incluyendo narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada.
En el comunicado, se destaca el caso de Rafael Caro Quintero, conocido como “El Capo de Capos”, quien es señalado como responsable de generar violencia en México y Estados Unidos. Además, se le acusa de la tortura y asesinato del exagente especial de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, quien había infiltrado su organización para proporcionar información clave a las autoridades.
“Hoy podemos decir con orgullo que ha llegado a Estados Unidos, donde se hará justicia (…) Hoy se envía un mensaje a cada líder del cártel, a cada traficante, a cada criminal que envenena nuestras comunidades: serán responsables. No importa cuánto tiempo lleve, no importa cuán lejos corran, la justicia los encontrará”, declaró Derek S. Maltz, administrador interino de la DEA.
El Departamento de Justicia indicó que Caro Quintero será procesado en el Distrito Este de Nueva York, donde enfrenta la posibilidad de una sentencia de cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Además, se analizarán cargos adicionales de terrorismo y violencia, conforme a las órdenes ejecutivas 14157 y 14164, que restablecen la pena de muerte y refuerzan la protección de la seguridad pública.
Junto a Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, otros cuatro acusados podrían enfrentar la pena de muerte: José Rodolfo Villarreal Hernández, Luis Geraldo Méndez Estevane, Alder Martín Sotelo y Andrés Clark.
Para los demás acusados, se estima que las condenas podrían alcanzar la cadena perpetua. Este es el caso de los hermanos Treviño Morales, presuntos líderes de Los Zetas, así como de Antonio Oseguera Cervantes, hermano de “El Mencho” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El comunicado aclara que la entrega de los 29 acusados se llevó a cabo sin proceso de extradición, lo que refleja un acuerdo directo entre las autoridades de México y Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia, esta acción fue resultado de una negociación desde una posición de fuerza, liderada por la administración de Donald Trump.
“Las acciones de hoy son consecuencia de una Casa Blanca que negocia desde una posición de fuerza y de un fiscal general dispuesto a liderar el Departamento con coraje y ferocidad”, expresó Emil Bove, fiscal general adjunto interino.
En su declaración, el Departamento de Justicia destacó que estos acusados están vinculados a organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Noreste (antes conocido como Los Zetas), La Nueva Familia Michoacana y el Cártel del Golfo.
“Como ha dejado claro el presidente Trump, los cárteles son grupos terroristas y este Departamento de Justicia está dedicado a destruir los cárteles y las bandas transnacionales. Enjuiciaremos a estos criminales con todo el peso de la ley en honor a los valientes agentes de las fuerzas del orden que han dedicado sus carreras —y en algunos casos, han dado sus vidas— para proteger a personas inocentes del flagelo de los cárteles violentos. No descansaremos hasta garantizar la justicia para el pueblo estadounidense”, concluyó Pamela Bondi, titular del Departamento de Justicia.
El desarrollo de este caso continuará en los tribunales de Estados Unidos, donde se determinarán las sentencias para los acusados, lo que marcará un precedente en la cooperación entre ambos países en el combate al crimen organizado.
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