El mandatario enfrenta graves acusaciones tras la declaración de ley marcial, en un hecho sin precedentes en la democracia surcoreana.
En medio de una crisis política de gran magnitud, agentes anticorrupción y policías surcoreanos intentaron detener al presidente suspendido Yoon Suk Yeol, quien es investigado por la declaración de una controvertida ley marcial el pasado 3 de diciembre. Sin embargo, la operación enfrentó resistencia por parte de su equipo de seguridad y de elementos militares que custodian su residencia en Seúl.
El presidente, acusado de “insurrección”, podría enfrentar cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Su destitución está actualmente en manos del Tribunal Constitucional, después de haber sido suspendido de sus funciones por la Asamblea Nacional.
Bloqueo a la ejecución de la orden de arresto
El viernes, investigadores de la Oficina de Investigación de la Corrupción intentaron cumplir con la orden judicial para detener a Yoon, quien permanece recluido en su residencia desde que se emitió el mandato. Según la agencia Yonhap, la comitiva fue inicialmente bloqueada por una unidad militar dentro del lugar y posteriormente confrontada por los guardaespaldas del presidente.
La colaboración de los servicios de seguridad de Yoon en la investigación ha sido incierta. En semanas anteriores, habían impedido múltiples intentos de registro en las oficinas presidenciales.
Desde su reclusión, el mandatario ha asegurado que luchará contra las autoridades que buscan detenerlo. Uno de sus abogados, Yoon Kap-keun, calificó la orden de arresto como “ilegal e inválida” y prometió tomar acciones legales contra quienes la ejecuten.
La residencia presidencial está rodeada por un importante dispositivo de seguridad, con 2,700 agentes y 135 vehículos policiales desplegados para evitar confrontaciones entre seguidores y opositores del presidente. Cientos de simpatizantes de Yoon han permanecido en las inmediaciones, coreando su nombre y rechazando la validez de la orden judicial.
La declaración de la ley marcial, considerada un hecho sin precedentes en la historia democrática de Corea del Sur, fue revocada pocas horas después debido a la presión de la oposición y multitudinarias protestas en las calles.
El presidente y algunos de sus colaboradores están siendo investigados por cargos de insurrección, mientras que Yoon ha desoído en tres ocasiones las citaciones de los investigadores. Ante la falta de cooperación, la justicia emitió la orden de arresto, que su equipo legal intenta bloquear ante el Tribunal Constitucional.
Oh Dong-woon, jefe de la Oficina de Investigación de la Corrupción, advirtió que cualquier intento de obstruir la detención será perseguido judicialmente. Los investigadores planean trasladar a Yoon a sus oficinas en Gwacheon para un interrogatorio, tras el cual podría permanecer detenido por hasta 48 horas. Si desean extender el arresto, deberán solicitar una nueva orden judicial.
El desenlace de este caso podría marcar un precedente histórico, con implicaciones profundas para la política y la democracia de Corea del Sur.
Te puede interesar:
