Política
Senado aprueba reforma energética que devuelve el control a Pemex y CFE, con el rechazo de la oposición
La reforma energética que revierte los cambios implementados en 2013 fue aprobada por las comisiones del Senado, otorgando al Estado el control de la transición energética. La oposición advierte que esta decisión podría generar fricciones con el T-MEC y ahuyentar inversiones extranjeras en el sector energético.
En una votación que reflejó las profundas divisiones entre los partidos, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Energía del Senado aprobaron la reforma constitucional que devuelve al Estado el control sobre las áreas estratégicas de energía, con un énfasis particular en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex). La oposición votó en contra de esta iniciativa, argumentando que podría generar graves consecuencias económicas y diplomáticas.
La minuta, que fue enviada por la Cámara de Diputados y que ahora avanza en el Senado, busca modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. El principal objetivo de esta reforma es garantizar que el Estado asuma el liderazgo en la transición energética del país, utilizando de manera sostenible todas las fuentes de energía disponibles en el territorio nacional. Además, pretende contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en un contexto donde el cambio climático es un desafío global urgente.
El respaldo de Morena: un paso histórico para México
Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, del partido Morena, defendió con firmeza la reforma, calificándola como “una respuesta del pueblo de México a los saqueadores”. Según el senador, esta medida tiene un profundo sentido histórico, ya que busca reivindicar el patrimonio energético del país, devolviendo el control de los recursos naturales al pueblo y evitando que caigan en manos privadas.
Cantón Zetina recordó que la reforma energética de 2013, impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, abrió el sector energético a la inversión privada, lo que a su juicio no benefició a la mayoría de los mexicanos, sino que favoreció a intereses privados. “La reforma de 2013 buscaba apoderarse de los recursos e infraestructuras públicas, convirtiéndolas en fuentes de riqueza para unos pocos”, afirmó.
Además, subrayó que la nueva reforma energética es una respuesta a la voluntad popular expresada el 2 de junio, donde quedó claro que los recursos naturales del país deben estar al servicio de la ciudadanía, en lo que él calificó como “democracia energética”. En su opinión, esta nueva política energética pone fin a un proceso de fragmentación de Pemex y CFE que, según él, había debilitado a estas empresas estatales.
La oposición advierte sobre las consecuencias del T-MEC
A pesar del entusiasmo mostrado por Morena y sus aliados, la oposición no tardó en advertir sobre las posibles repercusiones negativas de esta reforma. El senador priísta Miguel Riquelme fue uno de los más críticos, al señalar que este cambio en la política energética podría ahuyentar inversiones en el sector. Según Riquelme, no se ha realizado un análisis profundo sobre cómo afectará esta reforma al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que podría traer disputas comerciales y conflictos internacionales.
Riquelme expresó su preocupación sobre la posible desaparición de órganos autónomos clave como la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Federal de Competencia Económica. Para él, desmantelar estos organismos podría tener efectos devastadores en la regulación del sector energético y la competencia económica del país.
Por su parte, Luis Donaldo Colosio, senador por el partido Movimiento Ciudadano, fue aún más directo en sus críticas, argumentando que la reforma coloca a México en un conflicto directo con las obligaciones del T-MEC. “Estamos restringiendo sectores que previamente habíamos abierto a la inversión extranjera, lo que nos llevará a enfrentarnos a nuestros socios comerciales más importantes”, advirtió, aludiendo a Estados Unidos y Canadá. Colosio prevé repercusiones económicas considerables y un deterioro en las relaciones diplomáticas con ambos países si la reforma sigue adelante sin ajustes.
El senador Saúl Monreal también participó en el debate, aunque criticó que se le haya dado la palabra hacia el final de la sesión. A pesar de esto, Monreal se mostró firme en su apoyo a la reforma, argumentando que no se trata solo de corregir los errores de la reforma energética de 2013, sino de combatir un problema que lleva décadas afectando al país: la privatización de las empresas paraestatales. Según Monreal, desde hace años más de 1,500 empresas del Estado fueron privatizadas, enriqueciendo a unos pocos a costa de empobrecer a la mayoría de la población.
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