Política
Senado aprueba convocatoria para elegir nuevos jueces, ministros y magistrados en junio de 2025
Con el rechazo de los partidos de oposición, la mayoría conformada por Morena, PT y PVEM dio luz verde a la convocatoria para la elección de ministros, magistrados y jueces, cuya jornada comicial está prevista para el 1 de junio de 2025.
Tras una larga jornada legislativa y con el voto mayoritario de Morena, PT y PVEM, el Senado de la República aprobó la convocatoria para la elección de nuevos ministros, magistrados y jueces, la cual tendrá lugar el 1 de junio de 2025. El proceso enfrentó la oposición de los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, que se pronunciaron en contra con 39 votos. En contraste, la coalición oficialista alcanzó 78 votos a favor.
La aprobación del documento se produjo después de un receso de cuatro horas, esperado para que la senadora Lizeth Sánchez García del PT, quien se encontraba en un evento en Puebla, pudiera llegar a la Ciudad de México y firmar la convocatoria en su calidad de integrante de la Mesa Directiva. Posteriormente, el Senado retomó la discusión y, gracias a la mayoría de Morena, el texto fue aprobado.
Durante el debate, se desataron fuertes críticas por parte de la oposición. La senadora del PAN, Mayuli Martínez Simón, calificó el proceso como una simulación y acusó a Morena de haber organizado una tómbola con el objetivo de controlar el Poder Judicial. Según la senadora, las candidaturas fueron seleccionadas mediante procedimientos ajenos al Estado de derecho mexicano.
Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, rechazó las acusaciones de la oposición, asegurando que no habría “componendas ni convivencias” en la elección de los nuevos jueces. López Hernández afirmó, dirigiéndose a los opositores, que Morena no busca apoderarse del Poder Judicial y defendió la integridad del proceso electoral.
Desde Movimiento Ciudadano, su coordinador Clemente Castañeda criticó duramente la reforma judicial, señalando que detrás de esta hay un intento de capturar políticamente al Poder Judicial. Castañeda describió el proceso como un acto de venganza política por parte del oficialismo debido a las decisiones autónomas que el Poder Judicial tomó en el pasado, las cuales, en ocasiones, contradecían al gobierno del entonces presidente López Obrador.
Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Anaya, recordó que el Senado ha desobedecido suspensiones judiciales relacionadas con este proceso electoral, y mencionó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos convocó a México para revisar la reforma judicial. Anaya expresó que se han violado amparos, y criticó la actitud del Senado por no someter las resoluciones judiciales a revisión.
El contenido de la convocatoria
El documento aprobado por el Senado está dividido en 12 apartados que establecen los plazos, fechas y el alcance de los cargos que serán objeto de la elección. El Instituto Nacional Electoral (INE) será el encargado de reglamentar el proceso electoral, que incluirá la participación de los tres Poderes de la Unión: la presidenta Claudia Sheinbaum, la Cámara de Diputados, el Senado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Entre los cargos a elegir se encuentran cinco ministras y cuatro ministros de la Suprema Corte, tres magistradas y dos magistrados del Tribunal de Disciplina, además de otros magistrados y jueces a nivel regional, entre ellos 464 magistrados de Circuito y 386 jueces de Distrito.
El proceso de elección se regirá por los requisitos establecidos en la Constitución, y los aspirantes deberán presentar una serie de documentos para acreditar su idoneidad, incluyendo un ensayo y cartas de recomendación, entre otros. Los plazos clave del proceso incluyen la publicación de la convocatoria el 16 de octubre, la instalación de los comités de evaluación antes del 31 de octubre y el registro de candidatos del 5 al 24 de noviembre.
Finalmente, el INE tendrá la responsabilidad de organizar un ejercicio electoral en el que se permitirá la votación a través de dispositivos digitales, tanto dentro como fuera del país, con el objetivo de garantizar la mayor representatividad posible. Además, la Secretaría de Hacienda deberá asignar un presupuesto al INE para que este lleve a cabo el proceso.
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