La Consejería Jurídica del Gobierno de Yucatán ha confirmado que sigue activa la mesa de diálogo entre Yucatán, Quintana Roo y Campeche, en busca de una solución definitiva al conflicto territorial que ha generado tensiones desde hace casi seis años. Esta disputa se encuentra actualmente en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que acaba de emitir un nuevo dictamen técnico clave para el caso.
Un conflicto territorial con historia legal
El origen del desacuerdo limítrofe
La disputa comenzó en 2019, cuando el gobierno de Quintana Roo emitió un decreto que modificó el Punto de Unión Territorial (PUT), afectando a varios municipios yucatecos. Entre ellos destacan Chemax, Chichimilá, Tixcacalcupul, Peto, Tzucacab y Tekax. Esta acción fue interpretada por Yucatán como una apropiación indebida de su territorio, lo que motivó la presentación de una controversia constitucional ante la SCJN ese mismo año.
Proceso judicial en curso
La Consejería Jurídica del Gobierno de Yucatán compareció ante la Suprema Corte con documentos técnicos que respaldan su posición. Estos fueron elaborados con el apoyo del Poder Judicial y del Poder Legislativo del estado, basándose en estudios topográficos y geoespaciales.
La SCJN y su papel en el conflicto territorial
Nuevo dictamen técnico: ¿una luz al final del túnel?
Recientemente, la SCJN notificó a las partes involucradas sobre un nuevo dictamen técnico que podría cambiar el rumbo del proceso. Gaspar Alemañy Ortiz, titular de la Consejería Jurídica, indicó que el equipo legal yucateco revisará cuidadosamente este dictamen para estructurar su estrategia de defensa y explorar posibles acuerdos.
Reuniones entre estados continúan
Aunque no hay fecha exacta, se espera una nueva reunión entre los consejeros jurídicos de los tres estados. Alemañy Ortiz expresó optimismo al señalar que “se busca un acuerdo que beneficie a todas las partes involucradas”. En especial, destacó que con Quintana Roo se mantiene una comunicación más activa, ya que esta entidad sostiene que el litigio se basa en elementos puramente técnicos, como la identidad cultural de las comunidades y los límites geográficos.
El impacto regional del conflicto territorial
Comunidades afectadas y preocupación social
Los municipios implicados no solo enfrentan un problema legal, sino también social. La indefinición de límites puede afectar servicios públicos, programas sociales y representación política. Por eso, se considera prioritario llegar a una resolución definitiva.
Consecuencias de largo plazo
Este tipo de conflictos, si no se resuelven con celeridad y justicia, puede generar tensiones sociales y administrativas. Además, influye en la distribución de recursos y en la planeación estatal. La intervención de la SCJN será fundamental para sentar un precedente que evite disputas similares en el futuro.
¿Qué sigue para Yucatán, Campeche y Quintana Roo?
Búsqueda de acuerdos técnicos y políticos
Tanto Yucatán como Campeche y Quintana Roo están trabajando en una salida que combine soluciones jurídicas y acuerdos políticos. El enfoque principal gira en torno al respeto mutuo, la identidad cultural y la integridad territorial. La situación requiere que las tres entidades logren una armonización de criterios, respaldada por peritajes técnicos y voluntad política.