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Activan protocolo de seguridad para magistrados electorales
El Poder Judicial refuerza la seguridad de magistrados ante la resolución de impugnaciones electorales
En respuesta a la responsabilidad crítica de los magistrados electorales en las elecciones del 2 de junio, el Poder Judicial ha activado un protocolo de seguridad para proteger a quienes resolverán impugnaciones y declararán la validez de los resultados electorales. Hasta ahora, 22 magistrados han recibido una camioneta blindada y un chofer asignado.
De los cinco integrantes de la Sala Superior, solo el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón no ha solicitado este tipo de seguridad. Las 18 camionetas blindadas restantes han sido distribuidas entre las salas regionales.
El protocolo estipula que cada magistrado debe realizar una solicitud personal para recibir la protección. La magistrada presidenta Mónica Soto es la encargada de gestionar la entrega de las unidades blindadas ante el Poder Judicial.
El compromiso del Poder Judicial es responder de manera inmediata a cada solicitud, proporcionando el equipo necesario mientras se realiza un análisis del nivel de riesgo de cada magistrado. Las camionetas permanecerán disponibles durante todo el proceso electoral, hasta que se complete la validación de las elecciones o hasta que cada magistrado decida que ya no necesita la protección.
La magistrada Mónica Soto mantiene reuniones semanales con los magistrados regionales para evaluar las condiciones de seguridad en cada zona y priorizar la protección según las necesidades. Estas reuniones son cruciales, ya que las salas regionales son las primeras en recibir impugnaciones contra las decisiones de los 32 tribunales electorales estatales antes de que los casos lleguen a la Sala Superior para una sentencia definitiva.
El protocolo de seguridad se mantiene activo para que cualquier magistrado electoral del Poder Judicial de la Federación que sienta algún riesgo, o simplemente por precaución, pueda solicitar protección en cualquier momento. Además, aquellos que ya cuentan con protección pueden solicitar refuerzos si lo consideran necesario.
A principios de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que tras el asesinato del chofer del director de Comunicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Eduardo del Río, los magistrados de la Sala Superior establecieron comunicación directa con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, para ser incluidos en el protocolo de seguridad electoral, similar al que se brinda a los candidatos.
El 11 de abril, la magistrada presidenta de la Sala Superior, Mónica Soto, se reunió con los magistrados de las Salas Regionales de Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México, Toluca y la Especializada, para consultar si alguno se ha sentido en riesgo, ha sido blanco de amenazas, o considera que requiere protección.
Según fuentes consultadas, tras el anuncio del presidente López Obrador, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, determinó que, al depender del Poder Judicial, este podría proporcionar la seguridad necesaria a los magistrados electorales. En consecuencia, desde mediados de mayo, se entregó un primer lote de 22 camionetas blindadas con chofer a un número equivalente de magistrados.
Este protocolo de seguridad refuerza la protección para los magistrados electorales, quienes desempeñan un papel vital en la validación de los procesos democráticos del país, asegurando que puedan realizar su labor sin temor por su integridad personal.
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