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Nacionales

Protestas por Ayotzinapa llegan a la Secretaría de Gobernación a una década de la desaparición de los 43 estudiantes

Manifestantes lanzaron petardos y realizaron pintas frente a las oficinas gubernamentales en Bucareli, exigiendo justicia tras diez años de impunidad.

Este lunes, las manifestaciones en conmemoración de los diez años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa llegaron a las puertas de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México. El edificio, ubicado en la calle de Bucareli, alcaldía Cuauhtémoc, fue el epicentro de las protestas, donde los manifestantes lanzaron petardos contra las instalaciones gubernamentales y realizaron diversas pintas.

La movilización comenzó alrededor de las 12:30 horas, cuando estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa llegaron a la capital mexicana a bordo de varios autobuses. Los vehículos fueron avistados circulando por el Paseo de la Reforma, en las inmediaciones del Monumento a la Revolución. Tras descender, el contingente marchó hacia Bucareli, dirigiéndose a las oficinas de la titular de Segob, Luisa María Alcalde.

Durante el trayecto y al llegar a su destino, algunos manifestantes utilizaron petardos y rompieron cristales de las instalaciones gubernamentales. A su paso, también realizaron pintas en señal de protesta por la falta de justicia en el caso Ayotzinapa, un episodio que sigue siendo una herida abierta en la historia de México.

Cierre vial y operativos de seguridad

Ante la situación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que se ha cerrado la circulación en la calle de Bucareli para evitar incidentes mayores. Como alternativas viales, se recomendó a los conductores tomar Reforma, Balderas, Chapultepec y Niza. Las autoridades se mantienen en alerta y continúan monitoreando el desarrollo de las manifestaciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos y prevenir enfrentamientos.

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Ayotzinapa: diez años de dolor e impunidad

El caso Ayotzinapa, ocurrido en 2014, representa uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de México. La desaparición de 43 estudiantes normalistas, de entre 17 y 25 años, conmocionó al país y al mundo, convirtiéndose en símbolo de la violencia, la corrupción y la impunidad que persisten en el país. Diez años después, las heridas siguen abiertas, y las respuestas aún no llegan para las familias de los jóvenes desaparecidos.

Este crimen no solo marcó a las víctimas directas, sino que es parte de la larga lista de más de 115 mil desaparecidos que se acumulan en México, una cifra escalofriante que revela la magnitud de la crisis de seguridad y justicia que enfrenta la nación. A pesar de las investigaciones y los esfuerzos por esclarecer los hechos, las versiones oficiales han sido cuestionadas y desmentidas, alimentando el escepticismo y la desesperación de las familias y la sociedad.

Un crimen de Estado aún sin resolver

La desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero, ha sido reconocida por el propio gobierno mexicano como un “crimen de Estado”. Las investigaciones apuntan a la participación de cárteles del narcotráfico en colusión con fuerzas de seguridad y autoridades de todos los niveles, incluyendo militares. Sin embargo, tras dos administraciones y numerosos detenidos, las respuestas siguen siendo insuficientes y el caso continúa envuelto en incertidumbre.

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La falta de justicia y las irregularidades en las investigaciones mantienen viva la indignación de los familiares de las víctimas y de la sociedad en general. El dolor de los padres y madres de los 43 jóvenes sigue presente, y las manifestaciones como las que se vivieron hoy en la Secretaría de Gobernación son un recordatorio de que este caso aún espera ser resuelto.

A una década de la tragedia, el legado de los 43 estudiantes desaparecidos sigue siendo una lucha constante por la verdad, la justicia y la dignidad en un país donde la impunidad parece no tener fin. Las protestas, como las de hoy, son la voz de una sociedad que no olvida y que exige que los responsables sean llevados ante la justicia.