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Nacionales

Ministros del Supremo descartan la propuesta de 4T de ser electos en urnas

Durante su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) refutaron la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum de elegir jueces mediante voto popular, calificándolo como “inviable”.

En un seminario sobre el derecho a la información y la transparencia en el ejercicio gubernamental, las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Margarita Ríos Farjat, junto con el ministro Alberto Pérez Dayán, expresaron su consenso sobre la inviabilidad de la elección de jueces a través de las urnas.

La ministra Ortiz Ahlf destacó la inadecuación de este método para la SCJN, argumentando que los jueces necesitan un perfil específico que no puede lograrse a través de elecciones populares. Refirió un caso en Estados Unidos donde la elección popular de jueces condujo a decisiones motivadas por la búsqueda de popularidad, una dinámica inaceptable para los jueces de la SCJN.

La ministra Ríos Farjat cuestionó la efectividad de este modelo para abordar problemáticas en la sociedad mexicana. Planteó interrogantes sobre la necesidad de mantener el apoyo popular una vez elegidos los jueces y cómo esto podría condicionar sus decisiones. Señaló que este enfoque rompe con las garantías de estabilidad judicial y plantea desafíos significativos para la independencia del poder judicial.

El ministro Pérez Dayán enfatizó la seguridad jurídica como una preocupación fundamental, indicando que la elección de jueces por voto popular introduciría volatilidad y conveniencia política en la toma de decisiones judiciales. Subrayó la importancia de la seguridad jurídica para garantizar que las decisiones judiciales estén alineadas con el derecho, independientemente de las preferencias políticas populares.

La postura unánime de los ministros resalta la preocupación por las posibles implicaciones de la elección popular de jueces, especialmente en términos de independencia judicial y seguridad jurídica. La necesidad de un perfil específico y la incompatibilidad con la estabilidad en el cargo se erigen como argumentos fundamentales en contra de esta propuesta.