Quintana Roo
Migrantes en Q. Roo laboran con papeles falsos y salarios reducidos
Con la llegada de al menos cuatro grandes caravanas en 2024, miles de migrantes sudamericanos han llegado a Quintana Roo en busca de empleo, pero muchos deben recurrir a documentos falsos y empleos mal remunerados para sobrevivir.
Durante el año 2024, Quintana Roo se ha convertido en un punto de destino inesperado para miles de migrantes sudamericanos que originalmente buscaban llegar a Estados Unidos. Sin embargo, debido a las oportunidades laborales en el estado, muchos han decidido quedarse. La mayoría de estos migrantes, al llegar sin recursos suficientes, enfrenta dificultades para regularizar su estancia, lo que los obliga a depender de redes de tráfico de documentos falsos, conocidos como “polleros”, quienes les venden actas de nacimiento y credenciales de elector mexicanas falsificadas por precios que rondan los cuatro mil o cinco mil pesos.
Uno de estos migrantes, Juan Manuel H., originario de San Salvador, relató que optó por esta alternativa para poder trabajar en Cancún, pese al riesgo de ser descubierto. “Me dieron una acta de nacimiento falsa como si fuera chiapaneco y una credencial de elector, pero me advirtieron que no vote, que solo la use como identificación,” comentó. Su historia refleja la realidad de cientos de personas que, ante la falta de opciones, recurren a documentos falsos para intentar integrarse al mercado laboral local.
Los sindicatos en Cancún han denunciado la explotación que sufren muchos de estos migrantes centroamericanos y sudamericanos, quienes laboran en la industria de la construcción, donde se les paga hasta un 30% menos y sin acceso a beneficios como el Seguro Social. Además, las autoridades migratorias han identificado a personas portando documentos apócrifos, incluso credenciales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que utilizan para justificar su tránsito por el país en su intento de llegar a la frontera estadounidense.
Las cifras del Instituto Nacional de Migración (INM) reflejan la magnitud del fenómeno: en lo que va del año, se han deportado a más de 5,600 guatemaltecos, 3,631 hondureños y 135 colombianos en todo México. Sin embargo, la deportación solo resuelve una parte del problema, pues muchos de estos migrantes siguen llegando y buscan integrarse al mercado laboral de manera irregular.
Elba González Melo, especialista en recursos humanos, señaló que los departamentos de reclutamiento en el Caribe Mexicano han detectado una creciente cantidad de documentos falsos presentados por migrantes sudamericanos. “Llegan con documentos mexicanos, pero al revisarlos para la contratación nos damos cuenta de que son falsos, lo cual impide que puedan ser empleados formalmente”, indicó González Melo. Esta situación ha llevado a muchas empresas a reforzar sus procesos de selección, intentando evitar la contratación de personas sin documentos legítimos o sin la experiencia laboral requerida.
Según Marilyn Torres Leal, presidenta de Cisvac, semanalmente se atiende a unos 35 migrantes sudamericanos que buscan tramitar la tarjeta de residencia humanitaria, cuyo costo oscila entre ocho mil y diez mil pesos. Este trámite representa una carga económica importante para personas que ya llegan en condiciones precarias y buscan mejorar su situación mediante empleos en el sector formal.
Organizaciones civiles que monitorean los flujos migratorios en el país han señalado que, en muchos casos, los migrantes encuentran trabajo a través de conocidos o respondiendo anuncios en internet y en espacios públicos, pero casi siempre bajo condiciones adversas. Encuestas recientes revelan que siete de cada diez migrantes considera que su experiencia laboral no es aprovechada en sus empleos actuales, mientras que ocho de cada diez no cuenta con ningún tipo de prestación social. Solo cuatro de cada diez reportan que reciben un salario que consideran justo.
El caso de Quintana Roo ejemplifica los desafíos de un flujo migratorio creciente que llega con esperanzas de una vida mejor, pero que enfrenta barreras legales y económicas que limitan sus oportunidades de integración. Las empresas y autoridades en la región intentan adaptarse a este fenómeno, que no muestra señales de disminuir, pero que plantea la necesidad de medidas efectivas para proteger tanto los derechos de los migrantes como la integridad de los procesos de contratación en el estado.
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