La Universidad de Harvard enfrenta una nueva embestida del gobierno federal, luego de que la Casa Blanca anunciara el congelamiento de más de 2 mil 200 millones de dólares en subvenciones y 60 millones en contratos, como represalia por la negativa de la institución a cumplir con exigencias que buscan restringir el activismo dentro del campus.
En una carta dirigida el pasado viernes, la administración del presidente Donald Trump pidió a la universidad reformas profundas en su liderazgo y estructura de gobierno, incluyendo una auditoría interna sobre posturas en temas de diversidad. Asimismo, se exigió aplicar políticas de admisión y contratación “basadas en el mérito” y prohibir que los estudiantes cubran sus rostros durante protestas, en lo que muchos interpretan como una respuesta directa a las recientes manifestaciones propalestinas.
Harvard responde: violación a la Primera Enmienda
Alan Garber, presidente interino de Harvard, calificó estas demandas como un ataque a los derechos fundamentales protegidos por la Primera Enmienda y una extralimitación del poder federal bajo el Título VI, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color o nacionalidad.
“Ningún gobierno debe imponer qué se puede enseñar, a quién se puede admitir o contratar, ni en qué áreas se puede investigar”, escribió Garber en una carta enviada a la comunidad universitaria. Reiteró que Harvard ya ha implementado acciones firmes contra el antisemitismo, pero sin ceder ante presiones que comprometan sus principios.
Intento de control político en las universidades
Las condiciones impuestas a Harvard son parte de una estrategia más amplia del gobierno de Trump para presionar a las principales universidades del país, utilizando los recursos federales como instrumento de coerción política. Instituciones como Penn, Brown y Princeton también han sufrido suspensiones similares en sus subvenciones, tras no alinearse con la agenda federal.
Estas acciones han encendido alarmas entre asociaciones académicas y líderes de la comunidad educativa, quienes denuncian una peligrosa intervención estatal en la vida universitaria. La Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP, por sus siglas en inglés) presentó una demanda para impugnar los recortes, alegando que la Casa Blanca no ha seguido los procedimientos establecidos por la ley antes de aplicar sanciones financieras.
Respaldo de la comunidad y exalumnos
Diversos sectores dentro y fuera de la universidad han salido en defensa de Harvard. Exalumnos enviaron una carta en la que llaman a rechazar “exigencias ilegales que atentan contra la libertad académica”. Mientras tanto, manifestantes en Cambridge protestaron durante el fin de semana, denunciando lo que consideran una forma de censura institucionalizada.
Anurima Bhargava, una de las firmantes de la misiva de exalumnos, declaró: “Harvard recordó al mundo que el aprendizaje y la innovación no deben doblegarse ante amenazas autoritarias”.
Un precedente para la educación superior
Este conflicto entre Harvard y el gobierno federal podría convertirse en un caso emblemático sobre los límites del poder presidencial en el ámbito académico. La comunidad universitaria observa con preocupación cómo se intenta redefinir la autonomía institucional mediante mecanismos financieros.
El desenlace de esta confrontación no solo determinará el futuro de Harvard, sino que podría reconfigurar las relaciones entre el Estado y las universidades en Estados Unidos.