Política
INE avala solicitud de 13 mil 205 mdp para elección de jueces y magistrados
Ante una posible reforma judicial, el Instituto Nacional Electoral aprobó una solicitud de presupuesto precautoria para una elección judicial sin precedentes en México, que podría convertirse en la más costosa de la historia.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha aprobado solicitar 13 mil 205 millones de pesos para una eventual elección judicial que marcaría un hito en términos de complejidad y costos. Aunque aún no se ha definido si esta elección realmente tendrá lugar, ni sus dimensiones exactas, la solicitud se ha realizado como medida precautoria debido a la incertidumbre. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está en proceso de decidir sobre la reforma judicial, lo cual determinará si este proceso se lleva a cabo o no.
En medio de este escenario incierto, el Consejo General del INE argumentó la necesidad de asegurar recursos para evitar quedar en una situación de “indefensión” presupuestal, especialmente porque la Secretaría de Hacienda ha establecido el 5 de noviembre como fecha límite para presentar solicitudes de presupuesto. Esto motivó a los consejeros a aprobar la propuesta, aunque el consejero Jaime Rivera sugirió posponerla hasta contar con mayor certeza jurídica. Finalmente, tras una reunión privada, el Consejo aprobó la medida de forma unánime.
“Considero que sería más prudente esperar a la resolución de la Suprema Corte para contar con certeza jurídica, pero reconozco que es inevitable aprobar este presupuesto en este momento”, afirmó Rivera, al tiempo que mencionó que el INE debe presentar un presupuesto para procesos de “realización incierta” según establece la propia Corte.
Por su parte, Guadalupe Taddei, presidenta del INE, explicó que, aunque la suspensión actual detuvo parte de la organización, es necesario proteger al instituto con un presupuesto precautorio en caso de que la reforma sea implementada. “Tenemos responsabilidades constitucionales y jurídicas; no podemos dejar al instituto en un estado de vulnerabilidad”, enfatizó Taddei, subrayando que este proceso no tiene precedentes en la historia del país, por lo que el presupuesto debe considerar una escala masiva de organización electoral.
La consejera Carla Humphrey también destacó la urgencia de este presupuesto precautorio. “Es fundamental tomar previsiones presupuestales para cumplir con nuestras obligaciones constitucionales”, señaló, a la espera de la sesión de la Suprema Corte que podría definir los términos de la elección judicial.
Dania Ravel, otra consejera, remarcó la importancia de asegurar los derechos electorales de los ciudadanos, pese a las suspensiones judiciales. Subrayó que, a diferencia de otros países que han realizado procesos similares, México enfrenta una situación única y compleja, por lo que la planificación presupuestaria debe ser rigurosa y cautelosa.
El desglose de los costos estimados muestra que la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica requeriría 6 mil 830 millones de pesos, la Dirección de Organización Electoral necesitaría más de 4 mil 522 millones para cubrir los costos operativos de las casillas, y la Dirección de Administración destinaría más de mil millones para un bono adicional al personal electoral, medida que revive un beneficio eliminado desde 2012.
Ante los elevados costos, Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena y presidente de la Cámara de Diputados, expresó que sería preferible que el proceso electoral fuera más austero y solicitó al Consejo General del INE considerar alternativas que puedan reducir el costo sin comprometer la confiabilidad.
En total, el INE ha aprobado tres proyectos presupuestarios para 2025 que suman 33 mil 121 millones de pesos, de los cuales el 39.8% está destinado a esta posible elección judicial. Además de los 13 mil 205 millones para esta elección, el INE solicitó 4 mil 620 millones para una posible consulta popular. Para el funcionamiento operativo del INE en 2025, se requieren 15 mil 295 millones de pesos, de los cuales 13 mil 255 millones se destinarán a presupuesto base y otros 2 mil millones para proyectos especiales.
Este presupuesto sin precedentes para el INE refuerza su capacidad para afrontar una elección de características inéditas, aunque permanece en la incertidumbre hasta que la Suprema Corte defina el futuro de la reforma judicial.
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