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Hermanos Menéndez podrían quedar en libertad condicional tras casi 35 años de cárcel

El fiscal de Los Ángeles solicita un cambio en las condenas de los hermanos Menéndez tras casi 35 años en prisión.

Un fiscal del condado de Los Ángeles, California, ha anunciado su intención de solicitar a un juez la liberación condicional de Erik y Lyle Menéndez, quienes han pasado casi 35 años en prisión por el asesinato de sus padres. La solicitud se basa en la aparición de nuevas evidencias que sugieren que los hermanos sufrieron abusos sexuales por parte de su padre durante muchos años.

Ahora con 56 y 53 años, Erik y Lyle Menéndez fueron condenados en la década de 1990 en dos juicios mediáticos que capturaron la atención del público estadounidense debido a su contexto de privilegio como hijos de un prominente ejecutivo de la industria musical. El fiscal del distrito, George Gascon, declaró en una rueda de prensa que recomendaría al juez que modificara la condena de cadena perpetua de los hermanos por una pena de entre 50 años y cadena perpetua, permitiendo así que sean elegibles para la libertad condicional debido a su juventud en el momento de los crímenes cometidos en 1989; Lyle contaba con 21 años y Erik con 18.

Gascon enfatizó que, a su juicio, los hermanos han cumplido su pena. “Creo que han pagado su deuda con la sociedad”, señaló, resaltando su comportamiento positivo durante su tiempo en prisión. Sin embargo, otros fiscales de su oficina podrían oponerse a esta medida y presentar argumentos en contra de su liberación en la próxima audiencia.

No está claro cuánto tiempo tomará al tribunal pronunciarse sobre este asunto. Sin embargo, algunos familiares de los Menéndez, como la hermana del fallecido José Menéndez, han hecho un llamado a la liberación de los hermanos.

José Menéndez fue asesinado de un disparo en la nuca, mientras que su esposa, Kitty, recibió 15 disparos en su residencia en Beverly Hills. La atención sobre el caso se ha reavivado recientemente debido a una serie y un documental de Netflix que dramatizan los eventos, lo que ha impulsado a los abogados defensores a dialogar con la fiscalía para anular la condena o solicitar un nuevo juicio, citando nuevas evidencias que apoyan la historia de abuso de los hermanos.

Durante su primer juicio, que fue ampliamente cubierto por los medios en 1994, los Menéndez declararon que habían sido víctimas de abusos sexuales por parte de ambos padres y afirmaron haber actuado en defensa propia ante las amenazas de su padre. Por otro lado, la fiscalía argumentó que el motivo detrás de los asesinatos era la ambición por la herencia multimillonaria de sus padres. En un segundo juicio, que no fue transmitido, un jurado los declaró culpables, aunque evitó la pena de muerte al optar por la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

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Gascon reconoció que no hay dudas sobre la culpabilidad de los hermanos en los asesinatos, pero señaló que las nuevas pruebas, incluyendo una carta que Erik supuestamente escribió a un primo meses antes del crimen en la que describe los abusos, podrían haber cambiado el resultado del juicio si se hubieran presentado en su momento.

El fiscal también mencionó que se está investigando a un exintegrante de la banda Menudo, quien ha acusado a José Menéndez de abuso. Estas alegaciones salieron a la luz en un documental de Peacock titulado “Menéndez + Menudo: Boys Betrayed”, lo que ha contribuido al escrutinio sobre el caso.

Gascon expresó su preocupación por los comentarios de un miembro del equipo fiscal que sugirió que los hombres no podían ser víctimas de violación. “Desde la acusación original, nuestra oficina ha adquirido una comprensión más profunda sobre las complejidades que rodean la violencia sexual”, manifestó.

Aunque inicialmente se esperaba que Gascon tomara una decisión sobre el caso en una audiencia programada para el 26 de noviembre, aceleró el proceso debido al creciente interés público. Además, se enfrenta a un reto por su reelección el 5 de noviembre ante el candidato Nathan Hochman, aunque él negó que la política influya en su decisión, afirmando que su oficina ha revisado las sentencias de otros 332 convictos como parte de su estrategia contra el “exceso de encarcelamiento”.

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