Quintana Roo
Gobierno Federal expropia 82 predios en la Península de Yucatán para el Tren Maya
La medida afecta terrenos en Yucatán, Campeche y Quintana Roo; propietarios tienen 10 días para manifestar su postura
El Gobierno Federal ha concretado una nueva expropiación de terrenos de propiedad privada en la Península de Yucatán, con la adquisición de 82 predios destinados al proyecto del Tren Maya. Esta acción fue oficializada mediante la publicación del segundo aviso de decreto de expropiación por causa de utilidad pública en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La medida, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), involucra la integración de 63 terrenos en Yucatán, 10 en Campeche y nueve en Quintana Roo al dominio federal. De acuerdo con la legislación vigente, los propietarios afectados tienen un plazo de 10 días para presentar sus argumentos o realizar las acciones legales que consideren necesarias.
En el estado de Yucatán, la expropiación abarca 63 predios distribuidos en distintos municipios: cuatro en Tixkokob, cinco en Umán, uno en Mérida, 29 en Kanasín, uno en Chocholá, 16 en Izamal, cuatro en Tinum y tres en Valladolid.
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Por su parte, en Campeche, la medida afecta cinco predios en Candelaria, cuatro en Escárcega y uno en Champotón. En Quintana Roo, seis terrenos se ubican en Solidaridad, uno en Tulum y dos en Othón P. Blanco, la capital del estado.
Estos espacios serán utilizados en los tramos 2, 3, 4, 5 y 6 del Tren Maya, un megaproyecto ferroviario que comenzó a operar de forma gradual desde 2023. Aunque las expropiaciones se volvieron recurrentes en la región a partir de 2020, con la conclusión de gran parte de la obra habían disminuido. Sin embargo, esta nueva declaratoria responde a la necesidad de regularizar terrenos en los que el Gobierno aún no tenía certeza jurídica.
El decreto establece que, si los terrenos no son utilizados para los fines de la expropiación, los afectados podrán recurrir a las instancias correspondientes para reclamar sus derechos. Entretanto, se mantiene la expectativa sobre el impacto de esta medida en los propietarios y en el desarrollo del proyecto ferroviario.
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