Exalcalde de Iguala condenado a 92 años de prisión por delito de secuestro

Un juez federal ha emitido una sentencia condenatoria de 92 años y seis meses de prisión, junto con una multa de 920 mil 700 pesos, contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.

En un fallo judicial contundente, un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio ha dictado sentencia condenatoria contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por su participación en el delito de secuestro. La condena impuesta es de 92 años y seis meses de prisión, una de las más severas registradas en casos similares, y viene acompañada de una multa de 920 mil 700 pesos.

El exalcalde de Iguala ha sido encontrado culpable del secuestro de seis miembros del Movimiento Campesino Unidad Popular, entre ellos el destacado líder perredista, Arturo Hernández Cardona.

Este líder campesino fue hallado sin vida en el año 2013, junto con otras dos personas, después de haber sido secuestrado por orden de Abarca Velázquez, quien en aquel entonces ocupaba el cargo de presidente municipal.

La sentencia condenatoria también incluye la obligación de Abarca Velázquez de pagar la reparación del daño causado a las víctimas y sus familias. Además, se ha determinado la suspensión de sus derechos y prerrogativas durante el tiempo que dure su condena. Cabe mencionar que el exalcalde se encuentra actualmente recluido en un penal de máxima seguridad, donde enfrenta otros cargos relacionados con delincuencia organizada y lavado de dinero, que son independientes del caso Ayotzinapa.

El juez de Distrito, encargado del caso, ha establecido de manera contundente la plena responsabilidad de Abarca Velázquez en el secuestro de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez, Rafael Balderas Román, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna y Nicolás Mendoza Villa. Estos lamentables hechos ocurrieron en el año 2013 en el municipio de Iguala y han dejado una profunda marca en la comunidad.

Es importante destacar que al exalcalde se le han negado los sustitutivos y beneficios previstos en el Código Penal Federal, lo que evidencia la gravedad de sus acciones y la contundencia del fallo judicial.