Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordena suspender la calificación de resultados en elecciones generales

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC), máxima instancia judicial del país, ha aceptado un amparo que exige al Tribunal Supremo Electoral (TSE) detener la calificación y oficialización de los resultados de las elecciones generales del pasado 25 de junio.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC), el tribunal más alto del país encargado de supervisar posibles violaciones a la Constitución, ha aceptado un amparo que solicita al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que suspenda la calificación y oficialización de los resultados de las elecciones generales llevadas a cabo el pasado 25 de junio. Según el amparo emitido por la CC, se debe convocar a una nueva audiencia de revisión de escrutinios, en la cual los sujetos legitimados podrán presentar las objeciones e impugnaciones que consideren pertinentes.

La resolución de la CC tiene carácter inapelable y otorga la responsabilidad al TSE de cumplir con la suspensión de la calificación de resultados hasta que se realice la mencionada audiencia de revisión.

Anteriormente, la corte había informado que nueve partidos de derecha presentaron un amparo con el objetivo de impedir que el TSE adjudicara la victoria a ciertos candidatos en las elecciones sin investigar previamente posibles irregularidades.

Las elecciones del 25 de junio arrojaron como resultado la victoria de dos candidatos que pasarían a una segunda vuelta programada para agosto de 2023. Sandra Torres, del partido socialdemócrata, obtuvo el 15.86% de los votos, mientras que Bernardo Arévalo alcanzó el 11.77%. Estos dos candidatos fueron los más votados entre los 22 aspirantes y competirían en un balotaje el 20 de agosto.

La resolución emitida por la CC también establece que, en caso de comprobarse alteraciones en los resultados de la votación, la Junta Electoral Departamental y/o del Distrito Central deberán realizar las modificaciones pertinentes o analizar la posibilidad de anulación de acuerdo con la ley.

Es importante destacar que ni Sandra Torres ni Bernardo Arévalo alcanzaron el 50% de los votos requeridos para ganar las elecciones, aunque superaron a los otros seis candidatos. Aun así, surgieron denuncias de supuesto fraude un día después de los comicios, especialmente cuando Arévalo sorprendió al clasificar para el balotaje, ya que las encuestas lo situaban en el octavo lugar.

Varios partidos, incluido el partido oficial Vamos, presentaron un recurso contra el TSE argumentando el riesgo y la amenaza inminente de que se asignen cargos antes de que las juntas electorales departamentales investiguen las supuestas irregularidades contenidas en las actas de escrutinio a nivel nacional.

Otro partido afectado por las denuncias de fraude es Valor, que postuló a Zury Ríos, hija del fallecido exdictador Efraín Ríos Montt, como candidata a la presidencia. Esta agrupación denunció un “fraude” en las elecciones debido a la supuesta alteración de más de mil actas.

Sin embargo, las mil actas cuestionadas representan solo el 0.82% de las 121,227 actas procesadas en el escrutinio, según cifras oficiales. Zury Ríos, quien figuraba entre los tres favoritos según las encuestas, quedó en sexto lugar con apenas el 6.57% de los votos, mientras que el candidato oficial Manuel Conde obtuvo el tercer lugar con un 7.84%.

La Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de sus misiones de observación electoral, han instado a respetar los resultados y la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Ambos organismos han hecho un llamado a las instituciones judiciales y a los partidos políticos para que respeten la clara voluntad de los ciudadanos expresada libremente en las elecciones del 25 de junio.

La OEA, además, insta a los poderes del Estado (Legislativo, Judicial y Ejecutivo) a respetar la separación de poderes, la integridad del proceso electoral y los trabajos y conclusiones alcanzados en dicho proceso. El respeto a la expresión del pueblo a través del voto es esencial para mantener la confianza plena en los comicios por parte de la ciudadanía y la comunidad internacional.