Desarrollos hidráulicos Cancún (Aguakán) ampara sus servicios ante cancelación de concesión

Aguakán Amparada: Suspensión Provisional que Garantiza el Servicio de Agua Potable en Quintana Roo

Desarrollos Hidráulicos Cancún (DHC-Aguakán) ha tomado medidas legales ante el decreto del Congreso de Quintana Roo del 22 de diciembre, que canceló la ampliación anticipada de la concesión para proporcionar servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado en Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Solidaridad hasta el 2053. La empresa promovió un amparo indirecto, obteniendo una suspensión provisional que asegura la continuidad de los servicios hasta que se resuelva el caso.

La demanda de Aguakán fue admitida, y el Juzgado de Distrito otorgó una suspensión provisional que mantiene el estatus quo hasta que se resuelva el asunto. Esto significa que, al llegar el 31 de diciembre y concluir la vigencia de la concesión original (1993-2023), Aguakán seguirá proporcionando el servicio mientras se aborda el asunto legal.

La empresa afirmó que la suspensión confirma su derecho a continuar brindando servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento en los municipios mencionados, incluso después del 1 de enero de 2024, hasta el 31 de diciembre de 2053, según los términos de la concesión original y sus modificaciones.

En un comunicado atribuido al director general, Paul Andrew Rangel Merkley, Aguakán denunció la intento “ilegal” de poner fin a la concesión sin causa y sin un proceso adecuado. La empresa advierte que la cancelación ilegal generaría la obligación de indemnizar a Aguakán y sus inversionistas, incluyendo a más de 22.5 millones de trabajadores.

La empresa recordó las inversiones significativas realizadas, incluyendo más de mil 070 millones de pesos en contraprestación al gobierno estatal en 2014 y pagos periódicos que suman 7 mil 900 millones de pesos. Además, se han invertido 8 mil millones de pesos en infraestructura para saneamiento, drenaje y agua potable.

Aguakán hace un llamado a las autoridades del estado, especialmente a la gobernadora Mara Lezama Espinoza, para que actúen dentro del marco legal y protejan el derecho al agua y los derechos constitucionales de la empresa.