Cámaras empresariales solicitan veto a la reforma que sanciona con cárcel el manejo en estado de ebriedad

Empresarios exponen su preocupación y solicitan al Gobierno del Estado vetar la reforma al artículo 186 del Código Penal de Quintana Roo, que penaliza con cárcel el manejo en estado de ebriedad. Consideran necesario negociar y replantear la medida.

Las cámaras empresariales, encabezadas por el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE), han presentado una solicitud al Gobierno del Estado para que se vete y no se publique en el Periódico Oficial de Quintana Roo la reforma al artículo 186 del Código Penal. Dicha reforma establece penas de cárcel para las personas que conduzcan bajo los efectos del alcohol. Los empresarios argumentan que esta medida es excesiva y consideran que no se debe privar de la libertad a alguien por una falta administrativa.

Eduardo Martínez González, presidente del CCE, expresó su preocupación ante esta reforma y enfatizó que no se puede considerar como un delito lo que hasta ahora era una falta administrativa. Si bien reconocen la importancia de imponer multas y llevar los vehículos al corralón como sanciones, consideran que criminalizar esta conducta con penas de cárcel generará un gran número de amparos.

El respaldo a esta solicitud viene por parte de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), el Observatorio Quintana Roo y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Juntos, hacen un llamado a la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, para solicitar una reunión y establecer mesas de trabajo con expertos en la materia.

Julio Villarreal Zapata, presidente de la Canirac Quintana Roo, hizo hincapié en la importancia de contar con información, estadísticas y datos sobre los casos de manejo en estado de ebriedad en el estado, que respalden la tipificación de este acto como un delito penal. Asimismo, propuso la implementación de alcoholímetros con participación ciudadana para evitar actos de corrupción, evaluar las pérdidas económicas en los negocios y trabajar en programas de prevención y concientización.

Por su parte, Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Quintana Roo, argumentó que si bien se reconoce la necesidad de la reforma, considera que la modificación es excesiva y puede dar lugar a actos de corrupción. Por esta razón, es fundamental contar con estadísticas que respalden la imposición de penas de seis meses a dos años de prisión para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol.

Los representantes empresariales también coincidieron en que esta reforma podría generar procesos más lentos en la Fiscalía General del Estado y fomentar la corrupción dentro de los cuerpos de Tránsito.

La reforma fue aprobada por el Congreso de Quintana Roo el pasado 5 de julio y se encuentra a la espera de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.