La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que la violencia contra periodistas continúa en México, donde documentó tres asesinatos de comunicadores, además de amenazas, agresiones y acciones legales que podrían restringir la libertad de expresión.
En su informe sobre la situación de la prensa en el país, la organización señaló que persisten riesgos para quienes ejercen el periodismo, tanto por ataques directos como por medidas que pueden afectar la independencia editorial.
SIP documenta asesinatos y agresiones contra periodistas
Entre los casos registrados se encuentra el de Josué Martínez Contreras, director de Noticias San Martín Texmelucan, asesinado en julio en Puebla.
El reporte también incluyó el homicidio de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y columnista crítico de las autoridades. A estos casos se suma el de Ricardo Zúñiga Rosas, fotógrafo y creador de contenido asesinado en agosto pasado en Puebla.
La SIP mencionó otros tres asesinatos en los que, de acuerdo con la información disponible, no se han encontrado indicios que relacionen los crímenes con la labor de las víctimas.
Asimismo, documentó amenazas de muerte, agresiones durante coberturas informativas y presiones para eliminar publicaciones. Entre los casos expuestos figura el de dos comunicadores en Tamaulipas, quienes denunciaron que integrantes de la Marina los obligaron a borrar imágenes relacionadas con un presunto derrame de petróleo.
Preocupación por medidas legales contra la prensa
La organización también expresó preocupación por el uso de instrumentos jurídicos contra los medios y sus trabajadores. Uno de ellos fue la llamada ‘Ley Serrano’, una reforma aprobada en 2025 en San Luis Potosí que establecía penas de hasta seis años de prisión por utilizar inteligencia artificial para difundir contenido falso o afectar la confianza en las instituciones.
La norma fue cuestionada por organizaciones defensoras de los derechos humanos debido a sus posibles consecuencias para la libertad de expresión. Además, derivó en procesos penales contra periodistas, entre ellos dos comunicadoras detenidas en mayo pasado. Finalmente, el Congreso estatal derogó la reforma en julio.
Cuestionan lineamientos sobre derechos de las audiencias
El informe también reunió críticas a los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias, aprobados en agosto, debido al riesgo de que pudieran interferir en la libertad editorial. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que estas disposiciones representaran censura.
Por otra parte, la SIP hizo referencia a los cuestionamientos sobre un análisis gubernamental relacionado con una supuesta red de amplificación digital en la que aparecían nombres de periodistas y analistas. El Ejecutivo negó que el objetivo fuera estigmatizar a estas personas.
Impunidad, uno de los principales riesgos
La organización advirtió que la impunidad sigue siendo uno de los factores que más amenazan el ejercicio del periodismo en México.
De acuerdo con la clasificación mundial de Reporteros Sin Fronteras (RSF) correspondiente a 2026, el país se ubica en el lugar 122 de 180 naciones en libertad de prensa y en el puesto 160 en el indicador de seguridad.