El sistema de justicia penal para adolescentes en México ha avanzado en los últimos años, pero aún enfrenta desafíos que afectan su eficacia. Especialistas advierten que las deficiencias en la profesionalización y seguimiento de los jóvenes en proceso de reinserción social limitan los avances logrados.
Construcción del sistema y avances normativos
Durante las últimas dos décadas, México ha trabajado en la consolidación de un sistema de justicia para adolescentes. La reforma al artículo 18 constitucional en 2005 fue un paso clave, permitiendo procesar a menores en una franja etaria homologada y creando tribunales y fiscalías especializadas.
En 2015, se reformó el artículo 73 constitucional y en 2016 se publicó la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (SIJPA), que unificó los marcos normativos y estableció principios como la especialización de las instituciones y el carácter excepcional del internamiento.
Desafíos en la profesionalización y atención
Expertos señalan que, pese a los avances, persisten deficiencias en la formación del personal que interviene en el sistema. La capacitación suele ser general y no suficiente para atender las necesidades específicas de los adolescentes, lo que puede derivar en prácticas negligentes o incluso abusos, como agresiones o tortura en algunos casos.
Además, en varias entidades federativas, faltan operadores especializados y responsables administrativos para ejecutar medidas no privativas de libertad. La falta de seguimiento individualizado tras la conclusión de las sanciones también limita la reinserción social y aumenta el riesgo de reincidencia.
Impacto social y necesidad de mayor conocimiento público
Las especialistas coinciden en que la sociedad en general necesita mayor información sobre el funcionamiento del sistema. La percepción errónea de que los adolescentes no son responsables penalmente, a pesar de que sí pueden serlo, obstaculiza la implementación de políticas efectivas.
Se destaca que, aunque el marco legal reconoce los derechos de los jóvenes, México carece de una política pública integral en justicia juvenil que articule las acciones de las instituciones y programas destinados a su atención y reinserción.
Importancia de un enfoque integral
Para mejorar la situación, es fundamental fortalecer la profesionalización de los operadores, implementar mecanismos de seguimiento y promover la participación de la sociedad civil y las familias en el proceso de reinserción. Solo así se podrá reducir la reincidencia y garantizar una verdadera protección de los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley.