La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) garantizó la participación política de las personas con discapacidad en Quintana Roo. La resolución obliga al Congreso estatal a legislar en favor de este grupo, asegurando su derecho a postularse a cargos públicos en las próximas elecciones.
Decisión de la SCJN sobre la participación política
Durante la sesión, los ministros analizaron la acción de inconstitucionalidad 78/2026, promovida por Movimiento Ciudadano. La impugnación se basó en que las reformas electorales en Quintana Roo no incluyeron acciones afirmativas para juventudes, personas con discapacidad, diversidad sexual y de género.
Omisiones legislativas y orden de legislar
El Tribunal determinó que existió una omisión legislativa en no crear medidas específicas para facilitar la participación política de las personas con discapacidad. Por ello, ordenó al Congreso de Quintana Roo legislar antes del inicio del período de veda electoral para el proceso local de 2030.
Contexto y antecedentes de la resolución
La SCJN también resolvió que, en este caso, no era necesaria una consulta previa a pueblos indígenas y afromexicanos, ya que las normas impugnadas no afectaban de manera diferenciada a estos grupos. La decisión se fundamentó en que para declarar una omisión legislativa basta una mayoría simple de cinco votos, sin un umbral específico establecido en la Constitución.
Implicaciones de la resolución
Este fallo refuerza la obligación del Congreso de Quintana Roo de garantizar derechos políticos a todos los ciudadanos, incluyendo a quienes enfrentan barreras por discapacidad. La resolución busca promover una participación más inclusiva en el proceso electoral del estado.
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