La política de paz total impulsada por el gobierno anterior llegó a su fin con la decisión de Abelardo de la Espriella de revocar la designación de los representantes del Gobierno en la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta medida, anunciada el 11 de septiembre de 2026, marca un giro en la estrategia frente a los grupos armados.
Revocatoria de los delegados y cierre de la mesa de diálogos
Durante la mañana del viernes 11 de septiembre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella firmó la resolución que revoca la designación de los delegados del Gobierno nacional en la mesa de diálogos de paz con el ELN. El mandatario argumentó que la decisión se basó en una revisión de los pagos y contratos asociados a este proceso, donde identificó lo que calificó como “despilfarro”.
En su mensaje, De la Espriella señaló que las mesas de negociación heredadas del gobierno de Gustavo Petro no generaron resultados verificables y que, por el contrario, implicaron gastos significativos para el Estado.
Negociadores y cifras del proceso
El presidente mencionó de manera explícita a los negociadores cuya designación fue revocada, incluyendo a Parmenio Cuéllar Bastidas, Álvaro Jiménez Millán, Feliciano Valencia y Gloria Cecilia Quiceno. Según De la Espriella, a estos negociadores se les pagaron $7.000 millones de pesos por su participación en un proceso que, en sus palabras, “no trajo sino terrorismo, sangre y muerte”.
El gasto, detalló, se extendió durante el cuatrienio anterior, alcanzando más de $7.000 millones en honorarios de voceros, representantes y negociadores. El mandatario enfatizó que, mientras estos recursos se destinaban a la negociación, las organizaciones criminales continuaban fortaleciéndose y desafiando al Estado.
Cambio de enfoque en la política de seguridad
Con la cancelación de los mecanismos de conversación con “estructuras criminales y terroristas” creados en el mandato anterior, De la Espriella subrayó que en su administración los criminales no tendrán estatus político, contemplaciones ni impunidad. La alternativa propuesta para quienes integran estos grupos es enfrentar “toda la fuerza legítima de la República”.
El presidente insistió en que la revisión de acuerdos y contrataciones será exhaustiva y sin excepciones, reiterando su compromiso de corregir lo que calificó como corrupción y desgreño administrativo, sin importar a quién afecte.
Contexto y repercusiones
La decisión de Abelardo de la Espriella marca el cierre oficial de la política de paz total iniciada por Gustavo Petro entre 2022 y el 7 de agosto pasado. Este cambio ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social, en especial entre quienes participaron en los procesos de negociación.
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La ruptura con la política anterior supone un nuevo rumbo en la gestión del conflicto armado y en la relación del Estado con los grupos ilegales, estableciendo un enfoque centrado en la fuerza y la legalidad.