La orden de captura contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), continúa vigente tras la reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá. González, vinculado al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), permanece fuera del país desde hace dos años y actualmente se encuentra asilado en Nicaragua.
Decisión del Tribunal Superior de Bogotá
El 10 de septiembre de 2026, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá resolvió el recurso de apelación presentado por la defensa de González, quien participó virtualmente en la audiencia. El tribunal ordenó a la Defensoría del Pueblo gestionar la asignación de un abogado de oficio para el exfuncionario, luego de que su defensor de confianza, Iván Cancino, renunciara tras asumir el cargo de ministro de Justicia el 7 de agosto de 2026.
La defensa de González había apelado la prórroga de la medida de aseguramiento y la orden de captura, argumentando que se trataba de una “incriminación política”. Sin embargo, la sala decidió mantener la orden de captura, aunque aclaró que la discusión sobre la prórroga de la medida de aseguramiento aún no procede, ya que no ha transcurrido el primer año de vigencia de la decisión.
Alcance de la medida y situación actual
El tribunal enfatizó que, aunque la existencia de una medida sin ejecución puede generar “intranquilidad y restricciones” en los ámbitos personal, social, familiar y laboral de González, esto no equivale a una privación efectiva de la libertad. Según la providencia, el exdirector del Dapre “goza a plenitud de su libertad en el país que le otorgó el asilo”.
La sala subrayó que la prórroga de la orden de captura se mantiene, pero no se pronunció sobre la extensión de la medida de aseguramiento, ya que, según el tribunal, esa discusión corresponde a un momento procesal posterior.
Argumentos y efectos prácticos de la decisión
En su resolución, el tribunal modificó un auto del 22 de junio de 2023 emitido por el magistrado Julián Hernán Suárez, confirmando únicamente la prórroga de la orden de captura contra González. La sala fue explícita al delimitar que “esta sala modificará la acción imputada en el sentido de confirmar únicamente la prórroga de la orden de captura librada en contra de Carlos Ramón González Marchant”.
El tribunal también estableció que contra esta decisión “no procede recurso alguno”, cerrando así la vía de impugnación para la defensa de González.
Implicaciones para el proceso judicial
El caso de Carlos Ramón González continúa generando repercusiones en el ámbito judicial y político colombiano. La existencia de una medida sin ejecución, según el tribunal, implica ciertas limitaciones para el procesado, pero no una detención real. La sala concluyó que “esta situación, en últimas, no equivale a privación efectiva de libertad, que es al final el propósito de su imposición”.
Mientras tanto, González permanece en Nicaragua, enfrentando el proceso por presunta corrupción relacionado con la Ungrd. Para conocer más sobre casos judiciales recientes en Colombia, puedes consultar artículos como Identifican al estudiante del tiroteo en colegio de Medellín.