La Fiscalía General de la República (FGR) realizó el cateo de dos bodegas ubicadas en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, como parte de las investigaciones contra una presunta red dedicada al contrabando de hidrocarburos por ferrocarril, en la que se encuentra señalado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
La fiscal general, Ernestina Godoy, informó que los operativos fueron realizados por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, con una orden emitida por un juez federal.
Durante los cateos fueron asegurados pedimentos de importación, actas de asambleas, contratos y otros documentos que, de acuerdo con la FGR, podrían aportar información sobre el presunto esquema utilizado por integrantes de la red investigada.
FGR identifica nuevas pistas sobre presunto huachicol fiscal
Ernestina Godoy explicó que el análisis preliminar de los documentos asegurados permitió identificar indicios relacionados con operaciones de comercio exterior de una empresa investigada.
Según la Fiscalía, la información obtenida podría ayudar a establecer con mayor precisión el modus operandi de la estructura señalada por presunto contrabando de combustibles.
Además de los documentos relacionados con el traslado de hidrocarburos por vías férreas, las autoridades localizaron información que podría estar vinculada con otros esquemas delictivos, por lo que el Ministerio Público Federal mantiene abiertas distintas líneas de investigación.
La FGR señaló que hasta el momento existen 25 personas presuntamente vinculadas con la estructura investigada y nueve han sido detenidas.
Entre ellas se encuentra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
🔴 Mensaje de la titular de la FGR, @ErnestinaGodoy_, con relación a un aseguramiento de información que abrirá nuevas líneas de investigación, en los trabajos que realiza la Fiscalía General de la República contra una compleja red de contrabando de combustible por vías férreas.…
— FGR México (@FGRMexico) August 27, 2026
¿Por qué está detenido Ernesto Ruffo?
Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California, y posteriormente trasladado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
El 19 de julio, un juez determinó la prisión preventiva en su contra por su presunta relación con el delito de contrabando de combustible.
La FGR sostiene que la investigación comenzó después del hallazgo, en julio de 2025, de 33 ferrotanques abandonados en Coahuila, cuyos contenidos dieron positivo a hidrocarburos.
Las investigaciones posteriores apuntaron presuntamente a un esquema mediante el cual se habrían declarado volúmenes inferiores a los realmente transportados o productos diferentes para evadir impuestos.
Este tipo de operación es conocido como “huachicol fiscal”.
De acuerdo con la Fiscalía, posteriormente se identificó un posible esquema en el que combustible de procedencia ilegal era mezclado con producto legal para dificultar su detección y facilitar su distribución.
Las autoridades también investigan la posible participación de empresas fachada, operadores logísticos, agentes aduanales y estructuras financieras, además de una posible intervención de servidores públicos.
Defensa de Ruffo busca prisión domiciliaria
La situación jurídica del exgobernador también generó una disputa en torno a la medida cautelar que cumple actualmente.
El 25 de agosto, el PAN, Somos México y Verónica Ruffo, hija del exgobernador, anunciaron el fortalecimiento de la defensa legal para buscar que la prisión preventiva sea modificada por prisión domiciliaria, argumentando motivos relacionados con su edad y estado de salud.
Sin embargo, Ernestina Godoy aseguró que, hasta el momento de su declaración, la FGR no había sido notificada de una solicitud formal de la defensa para modificar la medida cautelar.
La fiscal también sostuvo que los derechos de Ruffo Appel son respetados durante su reclusión y recordó que el proceso debe desarrollarse bajo los principios de presunción de inocencia y debido proceso.
La investigación continúa y la FGR analiza los documentos y dispositivos asegurados para determinar si existen nuevos elementos que permitan identificar a otras personas involucradas en la presunta red de huachicol fiscal.