La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó que en 2026 se inició un proceso penal contra cinco personas, incluyendo cuatro servidores públicos, por su presunta participación en contratos ilegales con una empresa fantasma en 2018. Este caso revela cómo irregularidades en la contratación pública pueden tardar años en judicializarse, en este caso, ocho años.
Contexto y hechos centrales del caso
El 29 de junio de 2026, la SABG comunicó que logró la vinculación a proceso de cuatro empleados del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y de una representante legal de una empresa privada. La acusación se basa en la firma de tres contratos en 2018 con una compañía que figuraba en el listado federal de empresas que emiten facturas por operaciones inexistentes.
Detalles de los contratos y la irregularidad
Los contratos, por un monto total de 11 millones 147 mil 692 pesos, involucraban servicios de alta especialidad en un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). La empresa contratada formaba parte del listado oficial de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), que identifican a compañías que emiten comprobantes fiscales sin respaldo en operaciones reales.
Imputados y cargos
El proceso penal afecta a cuatro servidores públicos con cargos de dirección y subdirección en el hospital en 2018. Son:
- José Alfredo “N”, director
- Javier “N”, coordinador
- Ma. Dolores “N”, subdirectora
- Rodrigo “N”, subdirector
A ellos se suma Cecilia Guadalupe “N”, representante legal de la empresa, a quien se le atribuye el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. A todos se les impuso la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades.
Implicaciones y penas
El delito, tipificado en el Código Penal Federal, contempla penas de de dos a 12 años de prisión y multas. La sanción aumenta si el monto de las operaciones supera las 500 veces el salario mínimo. La participación del particular, en este caso Cecilia Guadalupe “N”, también puede acarrear las mismas penas.
Este caso ejemplifica cómo la corrupción en la contratación pública puede tardar años en resolverse, pero también cómo las instituciones trabajan para sancionar a los responsables, garantizando la transparencia en el uso de recursos públicos.