El juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional ha citado a Belén Gualda, presidenta de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), y a otras 24 personas en relación con el ‘caso Leire Díez’. La investigación apunta a presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para el cobro de comisiones irregulares, en un proceso que involucra a altos directivos y exmiembros de la SEPI.
Contexto y antecedentes del caso
Según la providencia del magistrado, la investigación se centra en posibles irregularidades en la gestión de ayudas y rescates económicos durante la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción solicitó la citación de 25 investigados, entre ellos, José Vicente Berlanga, expresidente de Enusa; Carlos López de las Heras, CEO de Tubos Reunidos; y Fernando Samper, fundador de Forestalia.
Implicaciones en la gestión de ayudas públicas
La investigación revela que Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI, compartió en un grupo de chat la cronología de la solicitud y los trámites relacionados con el rescate de Tubos Reunidos, que recibió 112,8 millones de euros. Además, se señala que Gualda mantuvo una relación con Francisco Irazusta, entonces CEO de la empresa vasca, en un proceso que también involucra presuntas irregularidades en la concesión de ayudas.
Reuniones políticas y decisiones controvertidas
El Ministerio Público indica que Fernández destacó la participación del PNV en el rescate y que se realizaron reuniones a nivel político en las que habría participado Gualda para acelerar la tramitación de las ayudas. La Guardia Civil confirmó la existencia de una reunión entre Fernández y el ex presidente del PNV, Andoni Ortúzar, para tratar el rescate de Tubos Reunidos.
Acusaciones y posibles delitos
La UCO sospecha que Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado aproximadamente 700.000 euros en comisiones, implicando a empresas públicas y dependientes de la SEPI en varias operaciones. La investigación también apunta a que Cerdán y Díez habrían utilizado sus cargos para orientar procedimientos administrativos en beneficio propio.
El juez Pedraz continúa con las diligencias, que se iniciaron tras la detención de Díez y otros implicados en diciembre de 2025, en un proceso que revela posibles delitos de corrupción y malversación en la gestión de fondos públicos.