La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó la detención de un hombre identificado como Andrés “N”, señalado por presuntamente vender a su hija de 12 años de edad por 25 mil pesos para que viviera con un adulto en el municipio de Larráinzar.
El caso es investigado como el primer proceso judicial por el delito de cohabitación forzada de personas menores de 18 años en Chiapas, delito recientemente incorporado al Código Penal estatal.
Padre enfrenta acusación por cohabitación forzada en Chiapas
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los hechos ocurrieron en el Paraje Tres Puentes, en el municipio de Larráinzar, donde presuntamente el padre entregó a la menor a un hombre adulto a cambio de una cantidad económica.
La investigación inició luego de que la madre de la niña acudiera ante la Fiscalía para denunciar los hechos. Tras realizar las indagatorias correspondientes, se obtuvo una orden de aprehensión contra Andrés “N”.
El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que la menor fue rescatada después de permanecer cerca de un mes bajo esta situación de cohabitación forzada.
Fiscalía buscará pena máxima de 30 años de prisión para el padre acusado de vender a su hija
El titular de la Fiscalía señaló que solicitarán la pena máxima contra el padre de la menor, debido a la gravedad del caso y al agravante contemplado cuando este delito es cometido dentro de comunidades indígenas.
“Los sistemas normativos o conocidos como usos y costumbres no están por encima de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres”, declaró Llaven Abarca.
Además, advirtió que cualquier persona que participe como cómplice o responsable de este tipo de delitos será llevada ante la justicia.
El hombre adulto que presuntamente recibió a la menor también será investigado por las autoridades, aunque hasta el momento no se ha informado el delito específico que se le imputará.
Chiapas tipificó recientemente la cohabitación forzada como delito
En enero de 2026, el Congreso de Chiapas reformó el Código Penal estatal para incluir el delito de cohabitación forzada de personas menores de 18 años.
La legislación establece penas de entre 8 y 15 años de prisión, además de sanciones económicas, aunque estas pueden aumentar cuando la víctima pertenece a comunidades indígenas o grupos afromexicanos.
La reforma busca brindar mayor protección a niñas, niños y adolescentes frente a prácticas que vulneren sus derechos fundamentales.
Autoridades defienden derechos de niñas y adolescentes
La Fiscalía de Chiapas aseguró que dará seguimiento al caso y reiteró que no permitirá que prácticas culturales sean utilizadas para justificar agresiones contra menores de edad.
“Vamos a defender los derechos de las niñas, niños y adolescentes del estado”, afirmó el fiscal general.
El proceso continuará ante las autoridades judiciales, quienes determinarán la responsabilidad de los involucrados y las posibles sanciones.