Claudia Sheinbaum cuestionó este jueves la validez de las acusaciones emitidas por el gobierno estadounidense en contra del gobernador Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios más de Sinaloa, argumentando la ausencia de pruebas contundentes que respalden las imputaciones del Departamento de Justicia de Nueva York.
Claudia Sheinbaum cuestiona la falta de evidencia
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que sin evidencia clara, las imputaciones adquieren un carácter político más que jurídico. La mandataria subrayó que los documentos entregados por Estados Unidos carecen de la solidez necesaria para vincular a estos funcionarios con estructuras delictivas. “Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, expresó durante su intervención.
Posición clara del gobierno mexicano
Sheinbaum reiteró el compromiso de su administración con la legalidad y la transparencia en materia de combate a la corrupción. La presidenta señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) es la institución responsable de evaluar los elementos de prueba con rigor jurídico. “Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, afirmó con énfasis. Este posicionamiento refleja la determinación de su gobierno de actuar únicamente cuando existan pruebas irrefutables que justifiquen cualquier acción legal.
El martes 28 de abril: primera notificación
El proceso comenzó cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió documentación oficial de las autoridades estadounidenses. En esta comunicación diplomática, se presentaban solicitudes de detención contra diez mexicanos, incluyendo al gobernador de Sinaloa y otros servidores públicos que ocupaban o habían ocupado cargos relevantes en la entidad.
Miércoles 29 de abril: derivación a la FGR
Un día después de recibida la documentación, la Cancillería mexicana trasladó la información a la Fiscalía General de la República para que procediera con el análisis jurídico correspondiente. Este trámite obedece a los protocolos establecidos cuando una nación solicita formalmente la detención de ciudadanos a otra. La FGR debía evaluar si los elementos de prueba presentados por Nueva York cumplían con los estándares legales mexicanos para proceder.
Anuncio público del Departamento de Justicia
Al mediodía del mismo miércoles 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público el anuncio sobre la emisión de cargos contra los diez implicados. Esta revelación mediática coincidió temporalmente con el procesamiento interno de la documentación en México, generando cuestionamientos sobre los tiempos y las intenciones detrás de la acción estadounidense.
Los acusados según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York
Funcionarios estatales y municipales bajo escrutinio
Entre los diez acusados figuran el gobernador Rubén Rocha Moya, quien lidera la administración estatal de Sinaloa; Juan de Dios Mendivil, presidente municipal de Culiacán, la capital del estado; el senador Enrique Inzunza, quien forma parte del Senado de la República; y siete exfuncionarios que desempeñaban diversos cargos en la administración estatal y municipal. La Fiscalía estadounidense los vincula presuntamente con el Cártel de Sinaloa, aunque desde el gobierno mexicano se cuestiona la solidez de tales acusaciones.
La posición de la FGR y los estándares de prueba
Claudia Sheinbaum enfatizó que la Fiscalía General de la República debe recibir “pruebas contundentes e irrefutables” antes de proceder legalmente contra cualquier persona. Este requisito no es arbitrario, sino que forma parte de los principios fundamentales del sistema legal mexicano que exige evidencia sólida para justificar acciones judiciales. La presidenta subrayó que su administración respeta estos principios sin excepción, independientemente de la procedencia de las acusaciones.