La ley general de economía circular llega a México en medio de una crisis de basura y desperdicio de alimentos que ya no se puede ignorar. Cada día se generan más de 120 mil toneladas de residuos sólidos urbanos y apenas una pequeña fracción se recicla, mientras solo se aprovecha alrededor del 25 por ciento de lo que consumimos y se pierden más de mil millones de toneladas de comida al año en el mundo. Ante este panorama, la nueva legislación busca ordenar la gestión de residuos en México, impulsar el reciclaje de residuos sólidos urbanos y frenar la cultura de “usar y tirar” que impacta directamente en la basura y el medio ambiente.
Ley general de economía circular y fin al modelo de usar y tirar
La aprobación de la ley general de economía circular por diputados y senadores marca un giro en la legislación ambiental mexicana. La norma rompe con el modelo lineal de extraer, producir y desechar, y coloca en el centro el reúso y el reciclaje en México como políticas obligatorias para empresas y gobiernos. De esta forma, el país adopta un modelo en el que los productos deben diseñarse para repararse, reutilizarse, remanufacturarse, reciclarse o valorizarse, en lugar de terminar en tiraderos a cielo abierto o rellenos sin control.
En términos prácticos, la economía circular en México se define como un modelo de producción y consumo sostenible que busca mantener los materiales en uso el mayor tiempo posible. La ley establece que el cuidado del medio ambiente debe ir de la mano con el aprovechamiento de productos, el alargamiento de su vida útil y la reducción de residuos desde el diseño. Además, fija principios como la eliminación de residuos y contaminación, el mantenimiento de productos en uso y la regeneración de sistemas naturales, lo que conecta directamente con metas climáticas y de salud pública.
Este nuevo marco crea también un Programa Nacional de Economía Circular, que funcionará como un instrumento de planeación a largo plazo. Dicho programa deberá coordinar políticas públicas, proyectos y metas medibles para reducir el desperdicio, promover el reciclaje de residuos sólidos urbanos y garantizar una mejor gestión de residuos en México. Con ello se busca que el país deje de depender de un esquema basado en rellenos sanitarios saturados y tiraderos irregulares.
Responsabilidad extendida del productor y obligaciones empresariales
Uno de los ejes centrales de la ley general de economía circular es la llamada responsabilidad extendida del productor, también conocida por sus siglas REP. Este concepto técnico significa que quien produce o importa un artículo es responsable ambientalmente de su producto durante todo su ciclo de vida, desde el diseño hasta la disposición final. Es decir, las empresas tendrán que hacerse cargo de la contaminación que generan los envases, empaques, plásticos y otros productos que colocan en el mercado.
La norma obliga a establecer acuerdos por sector industrial o por producto, para que las compañías inscriban sus planes de gestión circular en un Registro de Economía Circular. Estos planes deberán incluir metas de recolección, reciclaje, reutilización o valorización, así como reportes periódicos y posibles auditorías ambientales. De esta forma, las políticas de reciclaje dejan de ser voluntarias y se convierten en obligaciones con impacto económico para las empresas que incumplan.
Además, se introduce el principio de responsabilidad compartida entre productores, consumidores y autoridades. Esto implica que, aunque la carga principal recaiga en las empresas, los consumidores también deberán separar sus residuos y los gobiernos mejorar la infraestructura de acopio y tratamiento. El Senado destacó que con esta ley México adopta un modelo obligatorio para reusar y reducir residuos, lo que cambia la lógica de que la basura es solo un problema municipal. Más bien, se vuelve una cadena completa en la que participan fabricantes, distribuidores, puntos de venta y ciudadanía.
En este contexto, los cambios legales vienen acompañados de instrumentos económicos, incentivos y posibles sanciones. El Ejecutivo Federal deberá diseñar mecanismos fiscales y programas de apoyo que favorezcan el reciclaje en México y la innovación en materiales. Estos instrumentos pueden incluir estímulos a empresas que inviertan en procesos limpios, infraestructura de reciclaje o tecnologías de economía circular, además de esquemas de pago por contaminar, ya discutidos en el Congreso como forma de corregir daños ambientales.
Basura, desperdicio de alimentos y gestión de residuos en México
El diagnóstico previo a la aprobación de la ley general de economía circular muestra la dimensión del reto. En México se generan más de 120 mil toneladas de residuos sólidos urbanos al día, y alrededor de 12 mil toneladas ni siquiera se recolectan, quedando dispersas en calles, ríos y zonas rurales. Diversos estudios estiman que solo entre 9 y 10 por ciento de esa basura se recicla, mientras el resto termina en rellenos, tiraderos clandestinos o simplemente se quema a cielo abierto, con graves efectos para la salud y el clima.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales calcula que, a escala nacional, la generación anual de residuos supera los 37 millones de toneladas, una cifra que presiona cada vez más la infraestructura de los municipios. En la Ciudad de México, por ejemplo, se producen más de 12 mil toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, lo que equivale a cerca de 1.4 kilogramos de basura por persona al día. Este nivel de consumo y desecho muestra por qué la economía circular en México ya no es una opción marginal, sino una necesidad urgente de política pública.
El problema no se limita a envases y empaques. El desperdicio de alimentos es otra pieza central del debate sobre basura y medio ambiente. A nivel global se pierden cerca de mil 300 millones de toneladas de comida al año, mientras millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria. En México, buena parte de los residuos orgánicos podría convertirse en composta, biogás o nuevos productos, pero termina en la basura mezclada con plásticos y metales. Proyectos científicos del Instituto Politécnico Nacional, por ejemplo, ya trabajan en convertir desechos vegetales en platos biodegradables, lo que muestra el potencial de aprovechar residuos orgánicos para reducir la huella de carbono y avanzar hacia principios de química verde.
De acuerdo con análisis recientes, la tasa de circularidad en México ronda apenas el 15 por ciento, es decir, solo esa parte de los materiales vuelve a la economía mediante reciclaje, reúso o reparación. El resto se pierde como desperdicio, aunque todavía tiene valor económico. Esta baja circularidad refleja la falta de infraestructura, incentivos y cultura de separación de residuos, pero también la ausencia histórica de políticas de reciclaje robustas. La nueva legislación ambiental mexicana busca corregir ese vacío, armonizando leyes existentes sobre equilibrio ecológico y gestión integral de residuos con un enfoque de circularidad.
Oportunidades económicas, empleo verde e innovación tecnológica
Más allá de las obligaciones, la ley general de economía circular abre un campo de oportunidades económicas para empresas, gobiernos locales y comunidades. La transición al modelo circular puede generar empleos verdes, entendidos como aquellos trabajos vinculados con actividades que reducen impactos ambientales, como reciclaje, reparación, mantenimiento, reacondicionamiento y producción de bienes a partir de materiales secundarios. Diversos análisis señalan que la economía circular es una inversión con alto retorno social y laboral, ya que requiere nuevas cadenas de valor y servicios locales.
En México, la innovación ya se observa en distintos sectores. Existen proyectos de productores que reutilizan residuos de café como abono, talleres textiles que transforman sobrantes de tela en accesorios y panaderías que donan excedentes a bancos de alimentos para reducir desperdicio. Estas iniciativas, aunque pequeñas, muestran cómo el aprovechamiento de productos y la reducción de residuos pueden convertirse en negocios viables. La diferencia ahora es que la legislación ambiental mexicana ofrece un marco más claro para escalar estas prácticas y conectarlas con políticas públicas.
La ley destaca la importancia de la educación y cultura de la circularidad, así como de la innovación tecnológica y la infraestructura circular. Esto incluye centros de acopio bien distribuidos, plantas de reciclaje de residuos sólidos urbanos, sistemas de compostaje y plataformas digitales de información. Proyectos descritos por medios especializados en tecnología y ciencia, como las iniciativas del IPN para transformar residuos orgánicos en platos biodegradables, son ejemplos concretos de cómo la ciencia puede ayudar al cuidado del medio ambiente y al mismo tiempo crear productos con valor agregado.
Este enfoque se vincula también con los compromisos climáticos de México, recogidos en la Contribución Determinada a Nivel Nacional presentada ante la ONU. Allí se menciona la economía circular como una herramienta clave para transformar patrones de producción y consumo, reducir emisiones y fortalecer la responsabilidad extendida del productor. Así, la nueva ley no solo atiende un problema de basura y medio ambiente, sino que se integra a una estrategia más amplia de transición hacia una economía baja en carbono.
Impacto para consumidores, municipios y reciclaje en México
Para los ciudadanos, la ley general de economía circular significará cambios visibles en la forma de consumir y desechar. Es probable que aumenten los sistemas de depósito y devolución para envases, así como puntos de recolección de electrónicos, pilas y otros productos de alto impacto. También se podría fortalecer la separación obligatoria de residuos en orgánicos, reciclables y no reciclables, acompañada de campañas de información. En este contexto, la gestión de residuos en México dejará de centrarse solo en recoger basura y pasará a enfocarse en recuperar materiales con valor.
Los municipios enfrentarán el reto de modernizar sus sistemas de recolección y disposición final. La nueva legislación distribuye competencias entre Federación, estados y ayuntamientos, y crea un Sistema Nacional de Información Pública de Economía Circular para coordinar esfuerzos. Esto permitirá conocer mejor cuánta basura se genera, qué tipo de residuos predominan y qué porcentaje se recicla en cada región. Con estos datos, los gobiernos locales podrán diseñar políticas de reciclaje más específicas, como programas de recolección diferenciada o convenios con empresas recicladoras.
En este proceso, las personas recolectoras de basura y pepenadores, clave en el reciclaje en México, juegan un papel central. La ley reconoce la necesidad de proteger sus derechos laborales y de salud, y de integrarlos formalmente en las cadenas de valorización de residuos. En muchos tiraderos, son estas personas quienes rescatan plásticos, metales y cartón que de otra forma terminarían enterrados. Darles certeza jurídica y mejores condiciones de trabajo es fundamental para que la transición a la economía circular en México sea justa e incluyente.
El cambio también llegará a los hogares. Decisiones cotidianas como comprar productos a granel, elegir envases retornables, reparar en lugar de reemplazar o evitar el desperdicio de alimentos tendrán más peso. Contenidos explicativos sobre consumo responsable, como los publicados por portales de análisis económico y social, ayudan a entender que reducir residuos no solo es una obligación moral, sino una forma de ahorrar dinero y mejorar la calidad de vida en las ciudades.
Retos pendientes de la legislación ambiental mexicana y papel ciudadano
A pesar del avance que representa la ley general de economía circular, los retos siguen siendo enormes. Uno de los principales es cerrar la brecha entre la norma y la práctica diaria. Experiencias en estados que han impulsado leyes locales de residuos muestran que, sin presupuesto suficiente, supervisión y campañas permanentes, muchas disposiciones se quedan en el papel. Por ello, será clave que los tres órdenes de gobierno asignen recursos para infraestructura de reciclaje, capacitación y vigilancia de tiraderos ilegales.
Otro desafío es combatir el llamado greenwashing, es decir, la publicidad engañosa que presenta productos como ecológicos sin serlo realmente. Especialistas han advertido que muchos plásticos etiquetados como “biodegradables” no se degradan en las condiciones reales de los rellenos sanitarios, lo que genera una falsa percepción de sustentabilidad. La nueva ley deberá acompañarse de normas técnicas claras y de una supervisión estricta para evitar que el mercado se llene de productos que solo aparentan ser circulares.
La participación ciudadana será determinante. Sin una cultura sólida de separación de residuos y de consumo responsable, las mejores políticas de reciclaje se quedan cortas. Medios de comunicación nacionales, como los que han explicado el impacto del modelo de usar y tirar en México, cumplen una función clave al acercar estos temas a la vida diaria. También lo hacen portales especializados en medio ambiente y energía que abordan los costos de la contaminación en la salud y la economía de las familias.
En paralelo, es importante seguir de cerca cómo la economía circular se cruza con otros temas nacionales, como la transición energética, la calidad del aire y la seguridad hídrica. El manejo de residuos influye en las emisiones de metano de los rellenos, en la contaminación de ríos por lixiviados y en la ocupación de suelos periurbanos. Por lo tanto, reducir residuos y aumentar el reciclaje en México no solo atiende un problema de basura visible, sino que contribuye a un modelo de desarrollo más equilibrado.
Economía circular en México y su cobertura en medios digitales
La discusión sobre la ley general de economía circular también ha llegado con fuerza a los medios digitales. Espacios informativos han seguido de cerca el avance del dictamen en la Cámara de Diputados y en el Senado, destacando su carácter unánime y el consenso político alrededor de la necesidad de cambiar el modelo económico basado en el desperdicio. Además, han explicado la forma en que esta legislación se enlaza con la gestión de residuos en México y con otros marcos legales en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente.
En portales mexicanos se ha insistido en que la reducción de residuos y el reciclaje de residuos sólidos urbanos no solo son asuntos técnicos, sino temas que afectan la vida cotidiana en barrios y colonias. Reportajes sobre acumulación de basura, contami